En un nuevo informe que se suma a otros señalamientos recientes sobre el manejo de fondos públicos en distintas entidades, una auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico identificó deficiencias en los procesos administrativos, controles internos y cumplimiento legal de la Corporación para el Desarrollo Empresarial y Cultural de la Isleta de San Juan (CODEVISA).
El Informe de Auditoría OC-26-19, que cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2024, emitió una opinión cualificada. Esto implica que, aunque las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley en aspectos significativos, se detectaron fallas relevantes en áreas como compras, contratación de auditorías externas y entrega de informes requeridos.
Uno de los hallazgos principales está vinculado al uso de una asignación legislativa de $50,000 para el desarrollo de un centro comunitario. La auditoría determinó que, de siete pagos realizados por $33,812 entre mayo y junio de 2023, seis —por $30,378— se efectuaron sin obtener las dos cotizaciones requeridas. Además, en tres pagos por $14,174 no se incluyeron facturas en los expedientes, lo que limita la verificación del uso de fondos y afecta los procesos de rendición de cuentas.
La Contralora atribuyó estas deficiencias a la falta de personal —incluida la vacante del puesto de oficial de compras— y a desviaciones de la reglamentación por parte de la gerencia ejecutiva. Pese a que el Municipio de San Juan indicó que no tiene control sobre la corporación, y la administración de CODEVISA sostuvo que la documentación estaba disponible, la Oficina del Contralor concluyó que el señalamiento prevalece ante la ausencia de evidencia completa en los expedientes.
El informe también documenta atrasos significativos en la contratación de auditorías externas para los estados financieros de los años fiscales 2022-23 y 2023-24.
Al 30 de junio de 2024, se registraban demoras de hasta 456 días, lo que, según la auditoría, dejó a la entidad sin información financiera actualizada para la toma de decisiones y podría afectar la asignación de fondos públicos.
Asimismo, se identificaron incumplimientos con la Ley de Auditoría a Entidades Gubernamentales y otros requisitos de informes. CODEVISA no remitió certificaciones anuales durante varios años fiscales y acumuló atrasos de hasta 458 días en informes mensuales de nómina, además de decenas de reportes entregados fuera de término. Estas deficiencias limitaron la disponibilidad de información actualizada para fines de fiscalización.
Aunque la gerencia de la corporación argumentó que, como entidad sin fines de lucro independiente, no le aplicaban ciertos requisitos, la Contralora sostuvo que cualquier organización que maneje más de $200,000 en fondos públicos está obligada a cumplir con estas disposiciones.
Este informe se suma a otros divulgados recientemente por la Oficina del Contralor que han señalado fallas en el manejo de recursos públicos.
Entre ellos, auditorías sobre la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y varios municipios, donde también se han identificado debilidades en controles internos y procesos de rendición de cuentas.
Como parte de sus recomendaciones, la Contralora instó a fortalecer los procesos de compras, mantener expedientes completos, cumplir con la contratación oportuna de auditorías externas y designar personal responsable de someter informes dentro de los plazos establecidos.
