Expresiones de desacuerdo surgieron en la Cámara de Representantes luego de que el presidente cameral, Carlos ‘Johnny’ Méndez ordenara paralizar la investigación legislativa sobre centros de inspección de vehículos, en medio de la pesquisa en curso de fiscales del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
Por un lado, el presidente cameral defendió su proceder, mientras que por otro integrantes de la Comisión de Transporte e Infraestructura expresaron su desacuerdo con el frenazo investigativo.
En entrevista radial (Radio Isla), Méndez sostuvo que la determinación responde a un criterio de prudencia ante procesos activos ante el PFEI.
“A mí no me tiembla el pulso cuando es proceso de investigación o proceso de encausamiento. No voy a afectar una investigación penal o criminal (...) Tengo que ser muy cuidadoso, muy comedido con los procesos para que los procesos culminen y todo se haga correctamente”, justificó.
Argumentó que, incluso en el contexto de vistas ejecutivas, no se puede garantizar que la información no trascienda, lo que, a su juicio, representa un riesgo para el desarrollo adecuado de una investigación criminal.
“Nadie me puede decir a mí que un miembro de la comisión no saque información que se obtenga en una vista ejecutiva y la haga pública”, sostuvo.
Por su parte, el presidente de la Comisión cameral de Transporte e Infraestructura, José “Cheito” Hernández Concepción, reveló que la decisión se tomó sin comunicación previa. Al tiempo que opinó que el proceso investigativo debía continuar.
“Esta decisión fue tomada unilateralmente, a mí no se me consultó sobre esta decisión, fue una decisión que él tomó, por él mismo (...) No estoy de acuerdo con esta determinación”, expresó Hernández Concepción.
De hecho, el presidente cameral reconoció que no consultó la decisión con el presidente de la comisión antes de emitir el comunicado. Indicó que la determinación surgió tras evaluar planteamientos recientes y solicitar una opinión legal.
Pese a la paralización, Hernández Concepción insistió en que las personas citadas eventualmente deberán comparecer y fijar sus posturas como parte del proceso investigativo.
“En algún momento va a ocurrir que nosotros vamos a traer a esta persona aquí porque nuestro compromiso es con la verdad y que la gente sepa lo que ocurre”, afirmó.
La comisión ya cuenta con un informe investigativo adelantado, aunque no se completará hasta culminar el proceso con los deponentes pendientes.
“Yo tengo un informe bastante listo, pero no lo voy a terminar hasta que yo no hable con estas cuatro personas”, precisó Hernández Concepción.
Por su parte, la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Nelie Lebrón Robles también criticó la decisión y sostuvo que no debió ocurrir.
“Entendemos que no debió haber sucedido, porque primero hay separación de poderes entre el judicial y el legislativo, y esas intervenciones aparentes que da a entender la carta lesiona esa separación”, expresó.
En ese sentido, señaló que la paralización detuvo aspectos de la pesquisa que no atienden las autoridades penales, como posibles ilegalidades en la expedición de marbetes.
“O sea, nosotros teníamos 66 centros de inspección que estaban en una lista indicando que habían llevado a cabo unas ilegalidades en la expedición de marbetes. Un dinero que se cobró y que no se sabe dónde está. Eso era parte de la investigación. Ahora, al seguir la orden del presidente, todo eso se queda en nada, se queda detenido porque Justicia no está investigando eso”, expresó la legisladora.
Lebrón Robles sostuvo que la investigación legislativa podía continuar de forma paralela a la del Departamento de Justicia y el PFEI, con medidas para evitar interferencias en casos específicos.
Además, cuestionó los señalamientos contenidos en la carta del Méndez sobre la posibilidad de que información de vistas ejecutivas trascendiera, al considerarlos ofensivos para los miembros de la comisión.
“Eso es poner en tela de juicio el sentido de ética que tenemos los miembros de la comisión”, sostuvo.
La representante también criticó que los integrantes de la comisión se enteraran de la paralización a través de los medios antes de recibir una notificación oficial.
En la misma línea, la representante del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, aseguró que los trabajos de la comisión podían continuar sin interferir con procesos penales.
“Nosotros entendemos que las vistas deben continuar, porque podemos continuar las vistas sin tener que hacer alusión a lo que es el proceso que se está llevando”, indicó.
La legisladora señaló que la Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de fiscalizar el funcionamiento de las agencias y evaluar si los procesos se llevan correctamente, especialmente cuando ya se habían identificado fallas en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
“Ya nosotros hemos visto que los reglamentos tampoco se están siguiendo (...) Verdaderamente no se sostiene que se haya paralizado la investigación, primero por el proceso tan adelantado que estaba”, afirmó.
Burgos Muñiz planteó que la determinación pudo tomarse antes si existían preocupaciones sobre conflictos con otras investigaciones, y no a un día de una vista en la que comparecerían figuras clave.
También se unió a las críticas sobre la forma en que se comunicó la decisión.
“Yo me enteré por los medios (...) Lo que yo recibo es del presidente de la Comisión, un mensaje de vista cancelada y lo recibí hoy. Se pudiera ver que la impunidad sigue rigiendo en Puerto Rico”, indicó.
“Le toca a él responder”
A pesar de su desacuerdo, Hernández Concepción reconoció la facultad del presidente de la Cámara para detener temporalmente la investigación y evitó adjudicar intenciones a Méndez.
Sostuvo que corresponde al presidente cameral responder a cuestionamientos sobre posibles motivaciones, al tratarse de una prerrogativa de su cargo.
“Yo estoy seguro que el presidente no va a querer tapar a nadie aquí. Él quiere cuidar los procesos”, indicó el presidente de la comisión.
Al igual que el representante, Lebrón Robles optó por no atribuir intenciones directas a Méndez y sostuvo que corresponde al presidente cameral defender su decisión.
“La intención es el que la lleva. Creo que le toca al presidente de la Cámara indicar cuál es la intención”, expresó.
Por su parte, Burgos Muñiz planteó que el momento en que se tomó la determinación levanta cuestionamientos, pero no quiso adjudicar motivaciones directamente.
“Si lo hubiera hecho tan pronto, a lo mejor lo hubiéramos entendido, pero precisamente ayer me levanta un poquito de bandera”, expresó.
Ante los señalamientos, Méndez rechazó que se trate de un intento de encubrimiento.
“El que quiera pensar que yo estoy deteniendo esto para encubrir a alguien, pues no me conoce”, dijo.
Previo a la paralización, la comisión tenía programada una vista para el miércoles 22 de abril, bajo apercibimiento de desacato. En ella estaban citados el secretario de Hacienda, el secretario del DTOP, así como Arturo Deliz Vélez, exsupervisor de inspecciones, y Yabucoa Auto Service.
Según explicó Hernández Concepción, estas comparecencias eran “clave” para completar el proceso investigativo.
