La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer A. González Colón, anunció este jueves, el veto tres medidas alegando que estas “no contemplar o atender su impacto fiscal o por ser contradictorias a objetivos de la administración”. Dos de ellas eran de la autoría del senador por el Distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, Juan Oscar Morales.
La primera de ellas es el Proyecto del Senado 531, el cual persigue adelantar derechos importantes para los pacientes, como promover un mayor acceso a su información médica, su implementación, tal como está redactada, podría tener el efecto contrario al imponer cargas operacionales y fiscales que dificulten su cumplimiento efectivo por parte de las instituciones de salud.
“Esta administración no cierra las puertas a trabajar alternativas futuras con costos reales para atender el acceso a la información y que las mismas sean correctas a favor de nuestro componente de salud”, lee el veto.
La implementación de esta legislación implicaría un costo adicional estimado entre 200,000 y $350,000 recurrentes anual. Asimismo, la medida establece un tope máximo de veinticinco dólares ($25) por la reproducción de expedientes médicos, el cual no cubre los costos reales de producción.
La segunda medida es el Proyecto del Senado 582, que busca incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno a los Oficiales del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, retirados y activos, sus cónyuges e hijos; sin embargo, no ofrece un mecanismo de financiamiento adecuado y sin certeza actuarial. Ante la falta de recursos para financiar la propuesta y la falta de estudios y data necesaria, la implementación de la medida podría comprometer el acceso a servicios de salud para poblaciones más vulnerables y afectar la estabilidad del sistema, lo cual terminaría incluso afectando a aquellos que pretende beneficiar.
“Reconozco y valoro profundamente la labor que realizan estos servidores públicos, así como la naturaleza esencial de sus funciones en la protección de nuestros recursos naturales. No obstante, la aprobación de esta medida presenta serias consideraciones fiscales y programáticas que no pueden ser ignoradas”, lee el veto.
La medida conlleva un impacto fiscal recurrente sobre el Plan de Salud del Gobierno, sin que se haya identificado una fuente de financiamiento recurrente. Tanto el Departamento de Salud como la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) condicionaron su respaldo a la asignación de fondos adicionales, advirtiendo que la aportación patronal propuesta no sería suficiente para cubrir el costo real del beneficio y que la mayoría de los beneficiarios probablemente serían cubiertos con fondos estatales, aumentando la presión sobre recursos ya limitados.
Por su parte, la Resolución Conjunta del Senado 24 ordenaba al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y su Reglamento, la viabilidad de transferir al Municipio de San Germán los terrenos y propiedades inmuebles, incluyendo todas las instalaciones y edificaciones del Antiguo Centro de Transbordo localizado en dicho municipio perteneciente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico, con el fin de que se desarrolle una planta de reciclaje.
“El veto se produce porque el DRNA está elaborando el Plan para el Manejo Integrado de los Desperdicios Sólidos, el cual contempla la evaluación integral de la infraestructura existente en Puerto Rico, incluyendo instalaciones como la Antigua Estación de Transbordo objeto de la medida.
Adelantar el traspaso de esta instalación sin haber culminado el análisis contemplado en el Plan podría resultar inconsistente con los objetivos de planificación integrada, así como limitar la capacidad del Gobierno para maximizar el uso eficiente de sus recursos y atender de manera uniforme las necesidades a nivel isla“.
