Posibles irregularidades en la imposición de multas y diferencias en la aplicación de sanciones por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) fueron señaladas este viernes durante una investigación legislativa sobre los centros de inspección con deudas acumuladas por miles de dólares.
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Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, José “Cheito” Hernández Concepción, quien recibió en vista pública a un grupo de operadores que respondieron interrogantes de los legisladores tras ser citados bajo apercibimiento de desacato.
“No hay documentación, el proceso no está correcto, no está completo y, a las explicaciones que ellos nos dan, yo puedo comenzar a entender que pareciera que no hubo el mismo trato para unos, que para otros”, pronunció el legislador al terminar el primer turno de la audiencia con la comparecencia de tres centros de inspección.
Según el representante, los testimonios de los propietarios de Eduardo Conde Service Station, Better Service Station y HMF Service Station revelaron variaciones por parte del DTOP tanto en los montos de las multas, como en el procedimiento administrativo para emitir dichas penalidades que exige la reglamentación de la agencia.
Luego de examinar documentos que muestran algunas de las sanciones, el representante Denis Márquez Lebrón también cuestionó la aplicación de multas administrativas a estaciones que cometieron violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, ya que, a su juicio, estas infracciones constituirían potenciales delitos.
“Si le están imponiendo una multa, que es un delito, pues los tenían que procesar criminalmente, porque eso es lo que dice la ley”, manifestó Márquez Lebrón. “En todo caso, había que iniciar un proceso judicial”, añadió el legislador.
Durante la vista, algunos de los dueños de estaciones admitieron bajo juramento haber cometido las infracciones que fueron adjudicadas por el DTOP relacionadas a la inspección de vehículos y expedición de marbetes. Entre ellos, Tawfeeg Abdelfatah, administrador de Eduardo Conde Service Station, reveló que pagó una multa ascendente a $8,500 por operar seis centros sin el Permiso Único del gobierno.
Pese a que completó el pago de la penalidad, dijo que tres de las estaciones de inspección permanecen cerradas por el DTOP. El operador también reconoció que fue señalado por la aseguradora ASC por haber omitido, en varias instancias, la venta de marbetes y el pago del seguro de responsabilidad obligatorio.
A preguntas de Hernández Concepción, Abdelfatah alegó que la información de venta de millones de marbetes estaba debidamente reportada en el Departamento de Hacienda, pero en el DTOP “no hicieron su trabajo” de registrarlos.
“El daño mío fue bastante grande, grave, sinceramente. Son varios años, varios centros… Entonces, me cerraron los demás centros, vamos a decir, por un error”, expresó el deponente.
En el panel de la tarde participaron representantes de las estaciones Sepúlveda Service Station, Gama Group y Hernández Vélez, las cuales fueron seleccionadas de manera aleatoria por la comisión legislativa.
Los portavoces coincidieron en que sienten temor de recibir represalias, como cierres de sus estaciones, y afirmaron que fueron obligados por la dirección de la Oficina de Investigaciones e Inspección del DTOP a realizar el cambio de los sistemas de inspección de la compañía Cartek a Worldwide Environmental Products.
La investigación legislativa surge de la Resolución de la Cámara 352, presentada en junio de 2025 por el representante José “Conny” Varela Fernández con el propósito de indagar sobre esta transición que fue denunciada por los operadores.
Sin embargo, el representante Hernández Concepción explicó que, durante el proceso de vistas públicas, la Comisión de Transportación conoció que 68 centros de inspección recibieron miles de dólares en multas del DTOP debido a irregularidades detectadas por la agencia y que luego fueron rebajadas.
El legislador informó que las audiencias continuarán para conocer si estas reducciones se efectuaron conforme a la ley y no descartó hacer referidos a las autoridades estatales y federales de concluir que se perpetró algún delito. El martes, 14 de abril, deberá comparecer la exsecretaria del DTOP, Eileen Vélez, y el exdirector de Investigaciones e Inspección, Arturo Deliz.
“El proceso, evidentemente, no fue el correcto”, manifestó Hernández Concepción.
