La gobernadora Jenniffer González Colón reaccionó el viernes a la determinación del Departamento de Justicia sobre la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.
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“Durante la reunión me enteré que la secretaria de Departamento de Justicia emitió una recomendación a la Oficina de Fiscal Especial Independiente sobre la investigación que yo misma había referido al Departamento de Justicia y que ahora le competirá a la Oficina de Fiscal Especial Independiente hacer las evaluaciones si proceden o no proceden, la comisión de delitos o infracciones a distintas leyes. Ese es el proceso que tenía a ocurrir. Desde el día uno hablé de que las investigaciones le corresponden a hacer las agencias de gobierno que nadie está por encima de la ley”, dijo la gobernadora durante una conferencia de prensa con los alcaldes del Partido Nuevo Progresista en apoyo a la Reforma de Permisos.
“Lo primero es que es el Departamento de Justicia la agencia con el peritaje para hacer este tipo de investigaciones y ya la hizo y como parte de esa investigación que ya efectuó se está haciendo un referido en este caso por ser una exfuncionaria pública, a la agencia que tiene la facultad de ley para hacer esa investigación o posible radicación que sería el fiscal especial independiente. Mi gobierno hizo la investigación, refirió y le corresponde ahora al fiscal especial independiente hacer la determinación final de esa investigación y si va a haber radicación de cargos”, añadió.
Según la gobernadora, la determinación del Departamento de Justicia, “mandó un mensaje de que aquí nadie está por encima de la ley y que si hay referidos y hay investigaciones se va a llegar hasta el final de esas consecuencias como lo ha hecho en este momento el Departamento de Justicia con el referido a la Oficina de Fiscal Especial Independiente. Aquí todos tienen que cumplir con la ley y eso fue lo que se hizo con la investigación y ahora le corresponde a esta oficina llevar a cabo la última etapa del proceso”.
La secretaria de Justicia, Lourdes Lynette Gómez Torres, informó que el Departamento de Justicia recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) en relación con las actuaciones imputadas a la entonces secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Y. Pérez Peña.
Como parte de la política de divulgación de información pública y en cumplimiento con la Ley Núm. 2-1988, conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, se notificó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la determinación adoptada tras la culminación de la investigación preliminar. Asimismo, se informó de esta recomendación a los representantes, así como a la exsecretaria Ciary Y. Pérez Peña.
La investigación preliminar inició tras un referido presentado por los representantes Ramón Torres Cruz y Swanny Vargas Laureano sobre posibles irregularidades vinculadas a centros de inspección de vehículos de motor y la alegada intervención de la exsecretaria del Departamento de la Vivienda.
Por su parte, los representantes Torres Cruz y Vargas Laureano reaccionaron a la determinación.
“Desde el primer momento, cuando levantamos este asunto y solicitamos la intervención del Departamento de Justicia, lo hicimos con seriedad, con responsabilidad y con base. Hoy, ese referido valida esa gestión inicial. No fue un señalamiento liviano ni político, fue un reclamo fundamentado que hoy encuentra respaldo en los hechos”, mencionó el representante Torres Cruz.
“Hoy queda evidenciado que actuamos correctamente. El Departamento de Justicia ya cumplió con su deber; ahora corresponde al PFEI hacer lo propio para que el país conozca la verdad de lo ocurrido y se establezcan las responsabilidades correspondientes. A todos los que nos señalaron alegando que actuábamos por motivos político partidistas, el tiempo les ha demostrado que teníamos razón”, añadió la representante Vargas Laureano.
A base de dichos hallazgos, el Departamento de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que la exsecretaria Ciary Y. Pérez Peña pudo haber incurrido en conducta constitutiva del delito de influencia indebida, tipificado en el Artículo 261 del Código Penal de Puerto Rico, así como en posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Por otro lado, como parte de la evaluación realizada, el Departamento de Justicia identificó aspectos relacionados con los procesos administrativos aplicables a centros de inspección de vehículos de motor que ameritan revisión adicional por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). En ese sentido, se recomendó a dicha agencia evaluar internamente estos procesos y, de identificar posibles violaciones de carácter penal, referir los mismos a las autoridades correspondientes para el trámite pertinente.





