Tras más de cinco meses sin divulgar auditorías, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico publicó una nueva ronda de informes que expone deficiencias en la administración pública, particularmente en los municipios de Las Marías y Las Piedras, mientras que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) obtuvo una evaluación positiva.
La divulgación ocurre luego de que la propia contralora, Carmen Vega Fournier, anticipara que múltiples informes estaban listos para publicación, en medio de cuestionamientos por la ausencia de reportes durante meses recientes.
En el caso del Municipio de Las Marías, la auditoría —que cubre de marzo de 2020 a junio de 2025— identificó fallas en controles internos relacionados al manejo de propiedad pública.
Entre los hallazgos más relevantes, no se realizaron inventarios físicos durante varios años fiscales, lo que limita la capacidad de verificar el uso adecuado de los bienes municipales. Además, se detectó equipo no localizado, deficiencias en los registros de activos y la falta de notificación de incidentes, incluyendo 39 accidentes con vehículos municipales que no fueron reportados a la Contraloría.
La agencia advirtió que estas fallas debilitan los controles internos y pueden propiciar pérdidas o uso indebido de recursos públicos.
Por su parte, en el Municipio de Las Piedras, el informe —que abarca de febrero de 2019 a diciembre de 2022— incluye ocho hallazgos vinculados a compras, contratación y ejecución de obras.
Entre estos, la Contralora señaló la compra de vehículos por $255,404 mediante cotizaciones dirigidas a concesionarios de una misma marca, lo que restringió la libre competencia.
También se identificaron proyectos de construcción por $640,033 cuyos permisos fueron obtenidos luego de iniciados los trabajos, en contravención a la normativa vigente.
El informe documenta además pagos sin contratos escritos, atrasos en procesos de subasta y transacciones en cementerios municipales sin formalización contractual.
Ambos municipios recibieron una opinión cualificada, lo que implica que, en términos generales, sus operaciones cumplen con la normativa, salvo por las deficiencias señaladas.
En contraste, la auditoría de la CFSE —que cubre de marzo de 2020 a junio de 2025— resultó en una opinión favorable.
El informe concluye que la corporación cumplió con los requisitos en el manejo de fondos federales vinculados al COVID-19, incluyendo su depósito en cuentas separadas, el registro oportuno y la preparación de informes conforme a la reglamentación federal.
En ninguno de los informes hay referidos a Justicia.
Un día antes, la Contralora publicó su primer informe que reveló el pago de más de $150 millones en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional(PAN) a personas fallecidas.
