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Aprueban medida para consolidar el proceso de habilitación en el servicio público

El Proyecto de la Cámara 1039, de la autoría del representante Ángel Morey, deroga una ley obsoleta y refuerza un marco legal más claro y uniforme

Capitolio
Capitolio Capitolio, San Juan. Metro PR 17 de marzo de 2026 (Dennis A. Jones)

En un esfuerzo por fortalecer la claridad normativa y cumplir con las disposiciones sobre las oportunidades de reinserción social dentro del servicio público, la Cámara de Representantes aprobó, con 48 votos a favor, el Proyecto de la Cámara 1039.

La medida propone derogar la Ley Núm. 70 de 20 de junio de 1963, al entender que su contenido ya fue incorporado, actualizado y ampliado en la Ley Núm. 8-2017, conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. El propósito es evitar duplicidad legal y administrativa, así como brindar mayor claridad y uniformidad en la aplicación de la política pública vigente sobre habilitación en el servicio público.

“La permanencia de ambas leyes regulando la misma materia resulta innecesaria y puede provocar duplicidad normativa, confusión interpretativa y aplicación inconsistente de la política pública sobre habilitación en el servicio público”, expresó el representante del Distrito 6, Ángel Morey Noble.

La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) continuará siendo la entidad responsable de evaluar y adjudicar las solicitudes de habilitación, conforme a los criterios y requisitos establecidos en ley.

El proyecto, asimismo, enmienda disposiciones específicas de la Ley 8-2017 para aclarar el proceso aplicable a empleados públicos convictos que cumplen su sentencia en la libre comunidad, ya sea bajo sentencia suspendida o libertad bajo palabra, permitiéndoles solicitar habilitación conforme al procedimiento ya establecido por ley.

“Con esta medida, atendemos la necesidad de contar con un marco legal más claro, uniforme y actualizado, que permita proteger la integridad del servicio público, sin perder de perspectiva los principios de rehabilitación y reinserción que reconoce nuestro ordenamiento jurídico”, finalizó Morey Noble.

Ahora pasa a la consideración y evaluación del Senado de Puerto Rico.

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