La jueza Iris L. Cancio González del Tribunal de San Juan se reservó el fallo este jueves en el caso que buscaba que el Departamento de Hacienda entregara información contributiva del licenciado Antonio Sagardía de Jesús al Senado de Puerto Rico.
La determinación surge luego de que el cuerpo legislativo alegara que el secretario de Hacienda incumplió una orden judicial que le obligaba a entregar documentos requeridos en una investigación legislativa.
Tras evaluar los argumentos expuestos sobre si Hacienda debía o no entregar la información plasmada en la solicitud, la jueza determinó que daría su fallo por escrito en los próximos días.
“Están chocando los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judical) y tenemos que trabajarlo con una delicadeza máxima”, expresó la juez en sala.
La controversia surge luego de que el Senado aprobara, de forma unánime, una petición de información dirigida a Hacienda para confirmar si el licenciado Sagardía de Jesús, radicó declaraciones informativas contributivas correspondientes a los años 2024 y 2025, incluyendo fechas de radicación y la identificación de los receptores de pagos.
Durante la vista, el Senado explicó que la petición de información que se les fue negada “no requería acceso a planillas contributivas ni copias de informativas del contribuyente sino una certificación que hiciera constar que Sagardía presentó W2, formularios 480 o si presentó enmiendas de las informativas", explicó el representante legal del Senado, Miguel Rodríguez Ramos.
Asimismo, solicitaron que Hacienda certifique con un “sí” o un “no” información sobre los contratos que mantenía Sagardía y si habían abogados subcontratados debajo de su nombre, así como otros datos pertinentes y sometidos por el contratista.
Por su parte, Hacienda defendió la oposición en la entrega de documentos al explicar que la información solicitada violentaría los derechos constitucionales, sobretodo los derechos a la intimidad y a la privacidad, de cada contribuyente.
Incluso, en sala, representantes de la agencia revelaron que Sagardía mantuvo comunicación con ellos “y dijo que no estaba de acuerdo con dar el aval de que se divulgue la información, de acuerdo con la carta de derechos”. De igual forma, revelaron que tampoco ha sido notificado de la investigación ni a terceras personas que pudiesen estar implicadas en la información solicitada.
Asimismo, en su defensa, expusieron que en la carta de solicitud de petición, el Senado pide fecha de radicación de informativas, identificación con nombre de dichos pagos, nombres de recipientes, nombre de entidades, enmiendas a la informativa y cualquier otra información relacionada,
“Esto no se contesta con un sí o con un no. Una ley no puede ir sobre un derecho inconstitucional. Y toda la información de Hacienda es confidencial basándose en ese derecho”, explicó la licenciada Lorna M. Rivera Franco.
Por su parte, el Senado alegó que el derecho a la intimidad no aplica a Sagardía de Jesús al no considerarse una persona natural ni jurídica al ser un contratista gubernamental.
Según el Código de Rentas Internas de Puerto Rico (2011, enmendado), citado como parte de los argumentos del Senado, “define a las personas (naturales o jurídicas) como contribuyentes obligados a declarar y pagar impuestos sobre ingresos, gestionar retenciones”.
“El Código de Rentas Internas no incluye a la Asamblea Legislativa, por lo tanto, esto no protege a Hacienda”, explicó Rodríguez Ramos.
Ante preguntas de la prensa, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez reiteró su postura, y se mostró tranquilo y confiado en los procesos e indicó que su planteamiento siendo es el mismo: “yo estoy cumpliendo con mi función”.
“Lo que planteamos es que esto no se trata de un contribuyente en particular, esto es el derecho que tienen todos los contribuyentes en Puerto Rico sobre la información que someten al Departamento de Hacienda, y la función del secretario es preservar esa confidencialidad de información y si el contribuyente no autoriza esa divulgación, pues el secretario esta impedido de divulgarla”, explicó el secretario al salir de sala.
“Bien se reconoce la facultades que tienen la Asamblea Legislativa y en ese balance de intereses es que se le pidió al Tribunal que escucharan los planteamientos que bien se hicieron en el día de hoy, así que vamos a esperar a la determinación del tribunal”, concluyó.
