A horas de que la gobernadora Jenniffer González Colón presente su anticipada reforma al sistema de permisos, ya se perfila un nuevo frente de choque con el Senado, que adelantó su propia visión mediante legislación que redefine el modelo actual.
La mandataria defendió que el Ejecutivo lleva meses trabajando una reforma amplia, que —según sostuvo— va más allá de ajustes puntuales.
“Nosotros llevamos trabajando un Task Force de permisos que de hecho, ese grupo de trabajo rindió un informe en noviembre del año pasado, así que ya los lineamientos de la reforma de permisos son públicos desde diciembre del año pasado. Es un informe que está en las redes pero el proyecto de permisos de nosotros es de más de 800 páginas”, expresó.
González Colón insistió en que la iniciativa del Ejecutivo constituye un cambio estructural al describirla como un nuevo marco normativo: “No es solamente una Reforma de Permisos, es un Código de Planificación… que estaremos presentando mañana (hoy)”.
Senado se adelanta
Sin embargo, el Senado ya movió ficha con el Proyecto del Senado 1173, presentado por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, que también plantea una transformación profunda del sistema.
La medida propone limitar la evaluación ambiental únicamente a proyectos con impacto significativo y sustituir el “Permiso Único” por un “Registro de Uso”, un modelo en el que el ciudadano notifica y el Estado fiscaliza posteriormente.
La medida —que surge de las recomendaciones del Task Force creado por orden ejecutiva de la propia gobernadora, según se detalla en su exposición de motivos— introduce cambios que incluyen limitar la evaluación ambiental únicamente a proyectos con impacto “significativo”, bajo la premisa de que la mayoría de las construcciones ocurren en áreas ya impactadas.
Además, elimina el actual “Permiso Único” y lo sustituye por un “Registro de Uso”, un modelo declarativo donde el ciudadano notifica y el Estado fiscaliza posteriormente, en lugar de autorizar previamente.
El proyecto también establece que los permisos deben regirse por criterios objetivos, reduciendo la discreción de funcionarios públicos y promoviendo procesos automatizados, en un intento por atender retrasos que, según el propio informe del Task Force, pueden extenderse por cientos de días.
Fortaleza busca liderar el proceso
La gobernadora dejó claro que su administración busca encabezar la discusión y alinear a la mayoría legislativa detrás de su propuesta.
“Ya yo convoqué hoy una conferencia legislativa… para discutir y hacer una presentación a nuestros legisladores sobre este proyecto, que a mi juicio es uno de los más emblemáticos por lo que conlleva”, sostuvo en declaraciones escritas a Metro Puerto Rico.
Además, adelantó reuniones con alcaldes y otros sectores para impulsar la medida.
“Esta reforma de permisos se ha trabajado con el sector privado y con muchos meses de trabajo y colaboración”, añadió.
Más piezas en juego
El pasado lunes, el Senado aprobó otras medidas que reaorganizan el DDEC, para asignarle nuevas funciones en investigación y desarrollo, así como incentivos contributivos dirigidos a fortalecer ese ecosistema.
Aunque tanto el Ejecutivo como el Legislativo coinciden en la necesidad de agilizar el sistema, el alcance de los cambios —particularmente en materia ambiental, fiscalización y discreción administrativa— anticipa diferencias entre ambas ramas que deberán conciliarse para que se concrete una nueva ley.
