La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU de Puerto Rico) argumentó hoy ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston en defensa de la orden emitida por la jueza federal Laura Taylor Swain, quien aclaró que las protecciones del Plan de Ajuste de la Deuda bajo la Ley PROMESA no pueden utilizarse para paralizar demandas por violaciones de derechos civiles contra funcionarios y exfuncionarios públicos en su carácter personal.
La vista oral se celebró luego de que la Junta de Control Fiscal apelara la determinación de Swain, que rechazó el intento del gobierno de Puerto Rico y la propia Junta de extender indebidamente el alcance de PROMESA para impedir que continúen reclamaciones de daños y perjuicios contra funcionarios individuales.
“Reiteramos ante un panel de jueces del Apelativo que PROMESA no puede servir de escudo para funcionarios y exfuncionarios que enfrenten reclamaciones personales por abusos de poder. Defender esa línea ante el Primer Circuito es defender la vigencia de los derechos civiles y el acceso a la justicia”, afirmó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico. “Nuestro archipiélago no se convertirá en una zona libre de derechos civiles bajo el pretexto de una deuda creada por los propios funcionarios que violentan derechos”, subrayó el licenciado.
La controversia surge del caso presentado por Jonathan Hernández Zorrilla y Yadira Carrasquillo González, quienes alegaron violaciones a sus derechos de libertad de expresión, protección contra allanamientos irrazonables, uso excesivo de fuerza, debido proceso de ley e igual protección de las leyes, como resultado de hechos ocurridos durante una manifestación contra PROMESA en San Juan el 1 de mayo de 2018. Entre los demandados en su carácter personal figuran el exgobernador Ricardo Rosselló y el exsecretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.
El litigio fue paralizado en septiembre de 2023 por el Plan de Ajuste bajo el Título III. Ese mismo mes, la ACLU de Puerto Rico solicitó a la Junta de Control Fiscal que levantara la paralización (stay) y argumentó que dicha suspensión no aplicaba en las demandas de derechos civiles contra funcionarios en su capacidad personal. Ante el silencio de la Junta, el 15 de febrero de 2024, la ACLU de Puerto Rico presentó una Solicitud de Alivio del Stay (Request for Stay Relief) en el caso de Título III.
En su orden, emitida el 30 de septiembre del pasado año, la jueza Swain dejó claro que las reclamaciones por daños contra funcionarios en su carácter personal no están prohibidas por el Plan de Ajuste del ELA y rechazó el argumento de que la posible indemnización bajo la Ley Núm. 9 –que no obliga al gobierno a asumir indemnizaciones en demandas personales a funcionarios- transforma esas demandas en reclamaciones contra el gobierno.
En el caso de la ACLU de Puerto Rico, los funcionarios no están demandados en su capacidad oficial, sino en su capacidad personal, por lo tanto, no existe una responsabilidad vicaria y el único responsable de cualquier sentencia o veredicto es el funcionario en su capacidad personal. El Plan, reiteró la ACLU, solo cobija responsabilidades directas de los deudores, no de terceros o funcionarios en su capacidad personal. La reclamación contra terceros no fue negociada por los miembros de la Junta ni forma parte del Plan de Ajuste de la Deuda certificado.
“Lo que está en juego en este caso es un principio fundamental de rendición de cuentas y el hecho de que ningún funcionario público pueda esconderse detrás de PROMESA para evadir responsabilidad personal por violaciones de derechos civiles. La crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico no puede convertirse en una licencia para la impunidad”, expresó el licenciado Steven Lausell Recurt, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, abogado en la argumentación oral ante el Primer Circuito, como colaborador de ACLU, Puerto Rico.
La organización subrayó que la apelación de la Junta busca impulsar una interpretación peligrosa de PROMESA que, de prevalecer, dificultaría que personas cuyos derechos han sido violentados puedan acceder a remedios judiciales plenos en la corte federal. El proceder de la Junta incluso pone en peligro la Reforma del Negociado de la Policía de Puerto Rico.
Asimismo, enfatizó que permitir una lectura expansiva del Plan de Ajuste para cobijar a demandados individuales alteraría principios centrales de la ley federal de derechos civiles y tendría el efecto de debilitar la responsabilidad personal de quienes, desde el poder público, incurran en violaciones constitucionales. La ACLU anotó que resulta irónico que los abogados de la Junta arguyan estar protegiendo al ELA y sus finanzas, mientras facturan millones de dólares precisamente en detrimento de las arcas del ELA.
“Este caso no trata sobre un procedimiento técnico de quiebra medido en dólares y centavos. Trata sobre si las personas pueden exigir responsabilidad individual cuando agentes del Estado violentan sus derechos fundamentales. Continuaremos vigilantes para que PROMESA no desplace ni erosione esas garantías”, expresó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
