La Comisión de lo Jurídico del Senado continuó el proceso de vistas públicas para evaluar el Proyecto del Senado 1096, que propone una nueva “Ley del Poder Judicial de Puerto Rico” y la derogación de la Ley de la Judicatura de 2003.
Durante la audiencia, representantes del Departamento de Justicia (DJ) señalaron que, aunque la pieza legislativa presenta una estructura organizada, requiere ajustes para mayor claridad y precisión. Las licenciadas Ketsy García y Tanmarie Santos, junto al licenciado Carlos Quintero, comparecieron en representación de la agencia.
García explicó que uno de los aspectos a evaluar es el término de 90 días para la implementación de la ley tras su aprobación, al considerar que podría resultar insuficiente ante la necesidad de adoptar múltiples reglamentos por parte del Tribunal Supremo en áreas clave del sistema judicial.
Asimismo, destacó cambios propuestos en la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), que pasaría a ser reglamentada por el Tribunal Supremo como cuerpo colegiado, en lugar del rol directo que actualmente ejerce la Jueza Presidenta. También mencionó disposiciones que permitirían al Supremo imponer medidas provisionales a jueces, así como la creación de un fideicomiso adscrito al Poder Judicial, el cual catalogó como una “innovación significativa” que requeriría mayores parámetros de transparencia y gobernanza.
Ante preguntas del senador Toledo, el Departamento de Justicia sostuvo que defendería la constitucionalidad de la medida en caso de ser impugnada en los tribunales.
Por otro lado, el profesor de Derecho Carlos Ramos González se expresó en contra del proyecto, al advertir que la propuesta debe evaluarse con rigor y sin motivaciones político-partidistas que puedan afectar la independencia judicial. Además, cuestionó la falta de evidencia empírica que justifique sustituir la ley vigente y criticó la omisión de temas como acceso a la justicia y representación legal para personas de escasos recursos.
De igual forma, el Comité de Exjueces y Juezas, representado por los licenciados Troadio González Vargas y Carlos Vizcarrondo Irizarry, manifestó preocupación por posibles conflictos constitucionales. En particular, señalaron que transferir funciones administrativas al pleno del Tribunal Supremo podría contravenir la Constitución y generar ineficiencias en la toma de decisiones.
González sostuvo que los cambios propuestos requerirían una enmienda constitucional para su implementación válida, mientras que Toledo defendió la importancia de un debate amplio y diverso sobre la medida.
“La discusión tiene que ser así de nutrida... es valiosa esa opinión”, expresó el senador durante la vista.
