El Tribunal de Primera Instancia de San Juan dejó en suspenso el desacato contra el oficial examinador del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Luis E. González Ortiz, y ordenó su comparecencia ante el Senado el próximo 16 de abril, en el marco de la investigación sobre el vertedero de Carolina.
La determinación fue emitida por el juez Anthony Cuevas durante una vista celebrada hoy, en la que también instruyó al Senado a informar al tribunal, a más tardar el 17 de abril o tan pronto sea posible, si el funcionario acudió o no a la citación legislativa. De no cumplir, el oficial examinador se expone a un posible desacato civil.
El Senado había acudido al tribunal solicitando una orden de desacato tras alegar que González Ortiz se negó previamente a comparecer y a responder preguntas de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales, que investiga el proceso de permisos del sistema de relleno sanitario en Carolina.
Durante la vista judicial, el abogado del Senado, Héctor E. Medina Pérez, solicitó que el tribunal apercibiera al funcionario no solo a comparecer, sino también a contestar los interrogantes de la comisión. La representación legal de González Ortiz, encabezada por la abogada Wilda Irizarry Toro, objetó ese planteamiento al sostener que el proceso judicial debía limitarse a la comparecencia. Sin embargo, el juez no acogió la objeción.
Como parte de las órdenes emitidas, el tribunal dispuso que se entreguen copias físicas o digitales de los documentos relacionados al caso, con el fin de evitar que el funcionario alegue falta de información al momento de deponer.
“La idea es que no diga: ‘Ay, no recuerdo’… No quiero excusas para que se suspenda la vista”, expresó el juez en sala.
En respuesta, la directora ejecutiva de la comisión senatorial, Coralys Rosado Rivera, indicó que facilitarán al deponente acceso digital a los documentos entregados por el DRNA para asegurar su preparación.
Por su parte, González Ortiz sostuvo que no llevó documentos en su comparecencia anterior porque estos permanecen bajo custodia del DRNA, aunque indicó que los solicitó para ser remitidos al Senado. La representación legal del cuerpo legislativo replicó que se trata de documentos públicos, incluyendo informes preparados por el propio examinador.
La controversia surge en el contexto de la investigación legislativa sobre la renovación del permiso del vertedero de Carolina, en la que el Senado ha señalado que el oficial examinador emitió una recomendación favorable sin haber visitado las instalaciones.
La pesquisa, liderada por la senadora Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, responde a preocupaciones de comunidades colindantes sobre la expansión del relleno sanitario hacia una zona de amortiguamiento de alto valor ecológico, que incluye áreas kársticas, acuíferos, humedales y hábitats de especies como el coquí llanero.
Además, el Tribunal de Apelaciones determinó recientemente que el permiso del vertedero debe ser reevaluado por el DRNA, al identificar deficiencias en el proceso que impiden que la determinación administrativa sea final.
A pesar de esta determinación, el municipio de Carolina aseguró que el permiso de operación de su Sistema de Relleno Sanitario(SRS) continúa vigente y en pleno efecto.
