La senadora Joanne Rodríguez Veve solicitó formalmente a la gobernadora Jenniffer González Colón que derogue el Boletín Administrativo Núm. OE-2019-016, firmado en 2019 por el exgobernador Ricardo Rosselló, así como toda reglamentación, resolución, requisito de licenciamiento o directriz administrativa derivada de esa orden ejecutiva. La petición fue cursada mediante carta enviada a La Fortaleza.
En la misiva, la senadora sostiene que la reciente determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Chiles v. Salazar obliga al Gobierno de Puerto Rico a revisar de inmediato cualquier política pública que restrinja una expresión terapéutica particular por razón de punto de vista en contextos de consejería, orientación o tratamiento conversacional. A juicio de Rodríguez Veve, mantener vigente la OE-2019-016 permitiría que el Estado sostenga una estructura regulatoria inconstitucional e incompatible con la Primera Enmienda.
La carta solicita, además, que se dejen sin efecto todas las medidas implantadas al amparo de esa orden, incluyendo resoluciones de juntas examinadoras, exigencias administrativas y protocolos de agencias de salud. También reclama que se instruya a todas las dependencias, instrumentalidades, hospitales, clínicas y proveedores regulados por el Gobierno a atemperar sus reglamentos, formularios y procesos a los parámetros constitucionales reafirmados por el Tribunal Supremo federal.
“Lo que el Gobierno no puede hacer es utilizar su poder regulador para censurar una expresión por razón de punto de vista ni imponer expresiones terapéuticas particulares desde el Estado. Si una política pública en Puerto Rico quedó incompatible con el derecho constitucional vigente, corresponde corregirla de inmediato”, expresó la senadora Rodríguez Veve.
Se expresa la Federación LGBTQ+
La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico exigió, hoy, que se mantenga la orden ejecutiva que prohíbe las terapias de conversión en el país, tras desmentir a Joanne Rodríguez Veve quien alegó falsamente que el Tribunal Supremo de EEUU ordenó revisar la política pública en torno al tema.
“Rodríguez Veve miente al alegar que el Tribunal Supremo estadounidense ordenó revisar la política pública de los estados y territorios sobre las terapias de conversión. Eso es absolutamente falso. La decisión judicial se limitó a la libertad de expresión, pero no determinó cuándo su ejercicio puede derivar en daños reales y duraderos. Por lo que no se declararon inconstitucionales las prohibiciones a las terapias de conversión”, aseveró Pedro Julio Serrano.
Por su parte, la directora de comunicaciones de la Federación, Olga Chapman Rivera, recordó que “el mismo gobierno, a través de la Consulta Juvenil de ASSMCA que encuesta a estudiantes de escuelas públicas, determinó que los jóvenes de la comunidad LGBTQ+ son cinco veces más propensos a ideaciones suicidas, depresión, uso de sustancias y alcohol. Estas estadísticas no se dan en un vacío. Son producto del rechazo en los senos de los hogares puertorriqueños, de políticas excluyentes y de discursos de odio como el de Rodríguez Veve”.
“Como sobreviviente de terapias de conversión, a las que les llamo torturas, le exijo a la gobernadora Jenniffer González Colón que mantenga la prohibición a una práctica inhumana, anti-ética y dañina que vulnera, aún más, a nuestra juventud LGBTQ+. No hay nada que cambiar, no hay nada que corregir, no hay nada que curar. Las personas LGBTQ+ somos seres humanos que merecemos vivir en paz, equidad y libertad”, concluyó Justin Jesús Santiago, director de la Federación.
