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Extienden mediación en quiebra de la AEE en medio de choques entre acreedores y la Junta

Tribunal autoriza continuar negociaciones hasta octubre mientras partes discrepan sobre el rumbo del caso tras casi nueve años sin resolución.

jueza federal Laura Taylor Swain

El tribunal federal extendió hasta el 1º de octubre de 2026 el proceso de mediación en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en momentos en que las partes mantienen diferencias sobre cómo debe avanzar el caso bajo PROMESA.

La decisión surge tras una moción urgente presentada por la Junta de Supervisión Fiscal, que solicitó prolongar el nombramiento de la mediadora principal con el objetivo de continuar negociaciones para una posible resolución consensual.

La jueza Laura Taylor Swain concedió la solicitud.

La extensión ocurre en paralelo a un informe conjunto presentado por las partes, en el que se evidencian posturas encontradas sobre los próximos pasos del proceso.

Por un lado, la Junta propone avanzar hacia la determinación del valor del colateral de los bonistas —los ingresos netos de la corporación— como paso clave para evaluar la viabilidad de un plan de ajuste.

Según el organismo, esa evaluación permitiría encaminar el caso hacia su resolución y eventual salida de la quiebra.

Por otro lado, acreedores han planteado la continuación de litigios relacionados con reclamaciones sobre el manejo de esos ingresos, lo que refleja diferencias sobre si el proceso debe centrarse en negociación, litigación o ambas vías.

El proceso de mediación en el caso de la AEE comenzó en 2022 y ha sido extendido en múltiples ocasiones sin que se haya alcanzado un acuerdo final.

Según la Junta, aún existe la posibilidad de lograr una resolución consensual, por lo que considera necesario mantener activo el proceso de negociación.

Un caso sin cierre

La quiebra de la AEE, iniciada en 2017, continúa sin un plan de ajuste confirmado, en medio de disputas sobre el tratamiento de la deuda y los ingresos de la corporación.

Los documentos recientes reflejan que, aunque las negociaciones siguen activas, las diferencias entre las partes persisten, lo que mantiene abierto el proceso sin una ruta clara de resolución.

De hecho, los bonistas volvieron a radicar otra moción para levantar la protección contra acciones legales de cobro.