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Senado aprueba medidas de financiamiento gubernamental, incentivos a veteranos y protección a adultos mayores

Asimismo, aprobó dos resoluciones investigativas para evaluar el denominado Proyecto Esencia.

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El Senado de Puerto Rico aprobó hoy un conjunto de medidas legislativas dirigidas a atender varias áreas del funcionamiento gubernamental, con iniciativas que establecen un modelo de financiamiento más estable para la Comisión Industrial, crean incentivos económicos para veteranos empresarios y fortalecen las herramientas legales de protección para adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad.

Como medida principal, el Proyecto del Senado 919, legislación programática de Administración impulsada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, establece un mecanismo de financiamiento automático y predecible para la Comisión Industrial de Puerto Rico, mediante la asignación directa de un cuatro por ciento (4%) de los ingresos por concepto de primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

La pieza elimina la dependencia de remesas fragmentadas y sujetas a aprobaciones externas, y dispone la certificación y transferencia de dichos fondos de forma continua, garantizando liquidez operacional. Esta reforma atiende problemas recurrentes en el pago de nómina y suplidores, fortalece la autonomía administrativa de la Comisión y asegura la continuidad en la adjudicación de reclamaciones por accidentes del trabajo.

Asimismo, el Proyecto del Senado 978, de la autoría del presidente senatorial, crea un nuevo incentivo dentro del Código de Incentivos de Puerto Rico dirigido a Veteranas y Veteranos Empresarios. La medida define esta figura como todo veterano residente que haya servido honorablemente y establece un “Acuerdo Especial para la Creación de Empresas” con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Bajo este esquema, los negocios elegibles podrán beneficiarse de exenciones contributivas, incluyendo la exención del pago de contribución sobre ingresos en los primeros $500,000 generados, así como acceso a herramientas de desarrollo empresarial, capital semilla y capacitación técnica. La legislación busca corregir desigualdades que enfrentan los veteranos en la isla, fomentar la creación de empresas locales y estimular la generación de empleo mediante un ecosistema empresarial robusto dirigido a esta población.

También de Rivera Schatz, el Proyecto del Senado 1120, presentado por petición, enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública a favor de los Adultos Mayores, el Código Civil y la Ley de la Judicatura para autorizar a los jueces municipales del Tribunal de Primera Instancia a ordenar el nombramiento de tutores temporales en situaciones de emergencia. La medida aclara la jurisdicción de estos tribunales y establece que podrán intervenir cuando la salud física o mental, la seguridad o el patrimonio de un adulto mayor esté en riesgo. Además, integra esta facultad dentro del procedimiento sumario de tutela temporal ya contemplado en el Código Civil, garantizando una respuesta ágil, respetuosa de la dignidad del adulto mayor y cónsona con el principio de intervención mínima.

En términos investigativos, el Alto Cuerpo dio paso a dos resoluciones para evaluar diferentes aspectos del denominado Proyecto Esencia y su impacto en el municipio de Cabo Rojo. Primeramente, la Resolución del Senado 459, del senador Eliezer Molina Pérez, para investigar la capacidad actual y futura del sistema de agua en Cabo Rojo y municipios cercanos, así como evaluar la viabilidad del Proyecto Esencia, su demanda real de agua y el posible impacto en comunidades y acuíferos de la región. Además, la Resolución del Senado 9, presentada por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), los senadores María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa; ordena investigar el proceso de evaluación del proyecto residencial y turístico conocido como Esencia, con el fin de examinar la información sometida por los proponentes ante las agencias gubernamentales, la manera en que dicha información fue analizada por estas entidades, y determinar la viabilidad real del proyecto.

En cuanto a otras resoluciones aprobadas, la Resolución del Senado 137, de la senadora Roxanna Soto Aguilú ordena una investigación sobre la efectividad de los incentivos fiscales administrados por la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO), evaluando su impacto en la creación de empleos, el desarrollo económico regional y la atracción de inversión, con el propósito de asegurar que estos incentivos generen resultados concretos y justifiquen el uso de recursos públicos. Por su parte, la Resolución del Senado 240, del senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, dispone un estudio sobre la aplicación de la Ley que regula los estacionamientos públicos, a los fines de corroborar su cumplimiento, revisar las prácticas operacionales del sector y garantizar la protección, seguridad y transparencia para los consumidores.

Del mismo modo, la Resolución del Senado 388, del senador Héctor “Gaby” González López para para realizar una investigación sobre las obras y el alcance del “Proyecto de Control de Inundaciones del Río Grande de Arecibo”, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

En el ámbito legislativo proveniente de la Cámara de Representantes, el Senado dio paso al Proyecto de la Cámara 153, que crea el Plan de Alerta “Hero” para facilitar la búsqueda de veteranos desaparecidos mediante la activación de protocolos coordinados entre agencias de seguridad, medios de comunicación y el público en general, bajo criterios específicos que incluyen riesgo a la seguridad del veterano.

También se aprobó el Proyecto de la Cámara 200, que establece un término máximo de un año para que el Departamento de Educación mantenga a un maestro bajo medidas cautelares de separación o traslado, garantizando así el debido proceso de ley y evitando dilaciones indebidas en la adjudicación de querellas. Finalmente, el Proyecto de la Cámara 253 crea la “Ley para garantizar los servicios de cuidados paliativos y de hospicio”, reconociendo el derecho de pacientes con enfermedades graves a recibir atención integral, obligando a aseguradoras y al Plan Vital a cubrir estos servicios, e imponiendo al Departamento de Salud la responsabilidad de reglamentar y capacitar al personal médico en esta área.