La Knesset, el Parlamento de Israel, aprobó este lunes por 64 votos a favor y 48 en contra la denominada Ley de Pena de Muerte para Terroristas, una reforma que contempla la aplicación de la pena capital por delitos de terrorismo y que ha sido ampliamente criticada por su carácter discriminatorio.
La norma establece la ejecución —incluso en secreto— mediante ahorcamiento y será aplicada en tribunales militares de Cisjordania, que juzgan exclusivamente a acusados palestinos, mientras que los ciudadanos israelíes son procesados en tribunales civiles.
Aunque el texto recoge formalmente que la ley es aplicable a toda la ciudadanía, uno de sus artículos limita su aplicación a quienes actúen con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel, lo que en la práctica excluye a ciudadanos israelíes.
La legislación también reduce la discrecionalidad judicial, permite condenas por mayoría simple —y no por unanimidad—, elimina el derecho de apelación y contempla un régimen de aislamiento casi total para los condenados.
El proyecto fue aprobado tras casi doce horas de debate. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, principal impulsor de la iniciativa, defendió que se trata de “un día de justicia para las víctimas” y un mecanismo de disuasión.
La ley contó con el respaldo del partido Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, así como de otras formaciones de derecha y partidos ultraortodoxos.
Críticas por discriminación
Organizaciones de derechos humanos han denunciado la norma. El director legal de Adalah, Suhad Bishara, afirmó que la ley “institucionaliza el asesinato estatal” y está diseñada para aplicarse únicamente a palestinos, lo que vulnera el principio de igualdad.
El grupo también advirtió de que la aplicación de esta legislación a residentes de Cisjordania podría constituir una violación del derecho internacional, al considerar que la Knesset no tiene autoridad sobre población bajo ocupación.
Adalah anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Supremo de Israel con carácter urgente y calificó la reforma como “una de las más violentas y discriminatorias” del marco legal israelí.
