El Departamento de la Familia, a través de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), rechazó este lunes dos medidas legislativas que buscan excluir las horas extras del cálculo de la pensión alimentaria, al advertir que podrían afectar directamente la protección económica de los menores.
Durante una vista pública en la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes, la administradora de ASUME, María del Mar Mateu Meléndez, sostuvo que los proyectos no atienden una deficiencia real del sistema y, por el contrario, debilitan las garantías existentes.“La medida no atiende un problema real del sistema. Todo lo contrario, y peor aún: reduce y pone en riesgo la protección alimentaria del menor”, expresó la funcionaria.
Las propuestas —el Proyecto de la Cámara 1140 y el Proyecto de la Cámara 1161— buscan excluir las horas extras del ingreso considerado para fijar la pensión alimentaria, incluyendo disposiciones específicas para agentes del orden público.
Sin embargo, Mateu Meléndez explicó que el sistema vigente ya contempla mecanismos para evitar que ingresos extraordinarios afecten injustamente al alimentante. Detalló que las guías de ASUME solo consideran ingresos adicionales cuando estos tienen una recurrencia de al menos 36 meses, y permiten excluir horas extras no recurrentes o promediar ingresos variables.
Además, indicó que los jueces administrativos tienen amplia discreción para ajustar las pensiones en casos de ingresos esporádicos, conforme a las necesidades del menor y la capacidad económica de las partes.
“Las pensiones son proporcionales a las necesidades de ese menor, y a la capacidad económica e ingreso de las partes. Ese es el principio rector. No podemos irnos contra una parte”, sostuvo.
A pesar del rechazo de la agencia, los proyectos cuentan con el respaldo de varios sectores laborales que argumentan que el sistema actual no refleja la realidad económica de muchos trabajadores. Los autores de las medidas, los representantes Félix Pacheco Burgos y Ensol Rodríguez Torres, plantearon que la iniciativa surge del reclamo de padres y madres que buscan cumplir con sus responsabilidades sin caer en precariedad.
“El alimentante necesita también crecer para poder tener a ese menor bien… la carga va a ser mayor”, afirmó Edwin Méndez, presidente de la Unión General de Trabajadores, al respaldar la propuesta.
De igual forma, la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico favoreció el Proyecto de la Cámara 1161 al entender que representaría un alivio económico para los agentes del orden público, cuyos ingresos por horas extras —según alegan— suelen ser irregulares.
El alcance de esta medida incluye a policías estatales y municipales, así como a oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. En tanto, el Sindicato de Bomberos Unidos solicitó que se incluya a su matrícula dentro de las exenciones propuestas.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, solicitó un análisis más profundo de las implicaciones legales y constitucionales de ambas medidas, al advertir posibles cuestionamientos sobre el alcance de la obligación alimentaria.
“Hay que ver las repercusiones. Hay que ver las responsabilidades… Va a haber un cuestionamiento incluso constitucional”, expresó.
La discusión legislativa continúa en medio de posturas encontradas entre la protección del menor y los reclamos de trabajadores que buscan ajustes en el sistema de pensiones alimentarias.
