Un video viral reavivó la polémica contra las redadas migratorias del ICE en Estados Unidos, se trata de una denuncia, difundida en X, en la cual una propietaria de una vivienda en Cambridge, Maryland, contrató a seis trabajadores migrantes para realizar arreglos en su casa, dejó que la obra avanzara casi hasta el final y después llamó a Immigration and Customs Enforcement (ICE) para reportarlos, presuntamente con el objetivo de evitar el pago de 10 mil dólares.
Medios que recuperaron el caso afirman que la mujer habría facilitado el operativo al acercar una escalera a los agentes para alcanzar a los trabajadores.
El episodio explotó porque reaviva el debate sobre las redadas migratorias, a través de presunto abuso laboral.
Según los relatos de testigos, los obreros estaban terminando la remodelación del techo cuando llegó el operativo; sin embargo, uno de los presentes fue interrogado y liberado al mostrar su green card.
El caso se viralizó, pero es parte del endurecimiento real de la política de detenciones, en un momento en que la persecución migratoria en centros de trabajo y espacios públicos ya forma parte de una estrategia más agresiva de enforcement.
ICE describe esas acciones como “worksite enforcement investigations”, que pueden incluir inspecciones, arrestos y órdenes de cateo, bajo la promesa oficial de combatir la contratación irregular y proteger “prácticas laborales éticas”.
Entre las reacciones más repetidas y encendidas al video viral estuvieron expresiones como “esclavitud moderna”, “los usó y luego los entregó”, “eso no es justicia, es una trampa” y “llamar a ICE para no pagar es perverso”.
Dichas expresiones reflejan un alto grado de indignación hacia la mujer que entregó a los trabajadores para evadir el pago de mano de obra ya realizada.
Redadas de ICE
La indignación por Cambridge se hila con otros episodios recientes, como por ejemplo los casos en Los Ángeles, con familiares formados afuera de centros de detención buscando a sus seres queridos después de arrestos que desataron protestas masivas en la ciudad, según reportó AP.
A esa presión se sumó un memorando interno de enero de este año según el cual agentes migratorios podían forzar la entrada a viviendas con una orden administrativa y sin orden judicial firmada por un juez.
Esto provocó una ruptura con la práctica tradicional y detonó litigios y cuestionamientos constitucionales, hasta que surgió una demanda que impugnó formalmente esa política.
También se dispararon las denuncias por detenciones erróneas de ciudadanos estadounidenses o gente con permisos de trabajo solo que sufren persecuciones solo por su aspecto de origen hispano.
NBC Los Angeles reportó en 2025 el testimonio ante el Senado de varios ciudadanos que aseguraron haber sido arrestados por agentes migratorios durante operativos, uno de los casos citados fue el de una mujer detenida cuando iba a trabajar en el centro de Los Ángeles.
¿Redadas tienen respaldo legal?
El sustento legal de este tipo de medidas tiene varios antecedentes, por un lado, ICE sostiene que sus operativos de enforcement laboral derivan de sus facultades para investigar violaciones migratorias y ejecutar arrestos y registros en centros de trabajo.
Por otro, USCIS recuerda que la base del control de contratación está en la Immigration Reform and Control Act (IRCA) de 1986 y en la sección 274A de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que obliga a los empleadores a verificar autorización de empleo mediante el formulario I-9 y sanciona la contratación consciente de personas sin permiso para trabajar.
Pero una cosa es el marco legal y otra, la forma en que se aplica, el American Immigration Council explica que las redadas laborales suelen apoyarse en auditorías, órdenes judiciales, acciones de arresto y otras herramientas federales; al mismo tiempo, advierte que estos operativos han generado disputas legales por debido proceso, perfiles raciales y abusos durante la ejecución.
