El Tribunal de Apelaciones revocó una determinación del Tribunal de Primera Instancia y dejó sin efecto el caso por presunta corrupción en la Autoridad de Tierras que salpica al exrepresentante novoprogresista Antonio “Tony” Soto Torres, al concluir que la investigación del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) se realizó fuera del término que permite la ley.
La decisión implica, en la práctica, la desestimación del caso, luego de que el foro apelativo determinara que la pesquisa se extendió por más de 1,100 días, muy por encima del periodo que la ley dispone para este tipo de investigaciones.
Según la determinación, aunque pueden concederse prórrogas en investigaciones complejas, ese margen no es ilimitado. El tribunal fue claro al señalar que una dilación de más de tres años es incompatible con el carácter expedito que exige la ley que regula al FEI.
El caso está relacionado con el manejo de fondos del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), conocido como el “barrilito”, mecanismo mediante el cual se asignaron $1.2 millones para la canalización de la quebrada Margarita en Guaynabo, obra que nunca se realizó.
De acuerdo con la investigación, el dinero fue canalizado a una entidad comunitaria sin experiencia en construcción y posteriormente terminó en cuentas vinculadas al contratista José Miguel “Joe” Huertas Torres.
Aunque Soto no figura como acusado, sí es uno de los testigos principales del caso, al haber gestionado la asignación de los fondos como legislador.
La defensa de la exdirectora de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez —también imputada— había argumentado que el FEI actuó fuera de término, lo que implicaría que perdió jurisdicción para presentar los cargos.
El Tribunal de Apelaciones acogió ese planteamiento y concluyó que el foro primario erró al permitir que el caso continuara, al punto de que la actuación del FEI se consideró fuera de sus facultades legales.
En términos prácticos, la decisión invalida el caso tal como fue presentado, al determinar que la investigación se llevó a cabo fuera del marco legal.
El caso se enmarca dentro de una pesquisa más amplia sobre el uso del “barrilito”, un mecanismo que ha sido cuestionado por permitir la asignación de fondos públicos sin procesos transparentes.
