El Senado aprobó una medida que busca fortalecer la supervisión financiera y atemperar el Código de Seguros de Puerto Rico a los estándares regulatorios establecidos por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).
Según se explicó mediante un comunicado de prensa, la legislación enmienda el Capítulo 44 del Código de Seguros de Puerto Rico para incorporar nuevas herramientas de fiscalización aplicables a las estructuras de control o holding companies dentro de la industria de seguros. Entre las enmiendas principales, la medida añade nuevas definiciones, incluyendo el Cálculo del Capital del Grupo, el Marco de Pruebas de Resistencia de Liquidez de la NAIC, y los criterios de alcance utilizados para determinar qué aseguradoras deben someterse a estas evaluaciones regulatorias.
Además, la medida requiere que la persona que ostente el control final de un asegurador que opere en Puerto Rico presente anualmente un informe de riesgo empresarial, en el que se identifiquen riesgos significativos dentro de la estructura corporativa que pudieran afectar la solvencia o liquidez de la aseguradora. Este informe deberá presentarse ante el comisionado del estado principal que supervise la estructura del grupo asegurador.
El proyecto también establece la obligación de presentar un Cálculo de Capital de Grupo (Group Capital Calculation) para evaluar la suficiencia de capital dentro de todo el grupo corporativo de seguros, conforme a las instrucciones adoptadas por la NAIC. Asimismo, incorpora el requisito de realizar pruebas de resistencia de liquidez, mediante las cuales las aseguradoras incluidas en el marco regulatorio deberán someter informes que permitan identificar posibles riesgos de liquidez dentro de la estructura corporativa y adoptar medidas correctivas oportunas.
De igual forma, la medida autoriza al Comisionado de Seguros a exigir depósitos o fianzas cuando determine que un asegurador se encuentra en una condición financiera adversa, con el fin de proteger a los asegurados durante la vigencia de contratos o acuerdos dentro del sistema de compañías afiliadas. También dispone que los registros y datos de una aseguradora que estén en poder de entidades afiliadas continúen siendo propiedad del asegurador y permanezcan identificables y accesibles para fines regulatorios.
Otra medida aprobada por el Alto Cuerpo fue el Proyecto del Senado 994, el cual enmienda disposiciones de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico con el propósito de armonizar su contenido con el Código Penal de Puerto Rico de 2012 y garantizar mayor coherencia en la aplicación de las sanciones penales relacionadas con esta legislación.
Entre sus disposiciones, la medida enmienda un artículo para establecer que la hospitalización o tratamiento psiquiátrico involuntario solo podrá ordenarse cuando existan criterios clínicos claros, incluyendo situaciones en las que la persona represente un peligro inminente para sí misma, para otras personas o para la propiedad, y cuando se demuestre que la persona carece de capacidad para tomar decisiones o controlar su conducta. Asimismo, dispone que la práctica de hospitalizar a una persona sin cumplir con estos criterios será penalizada conforme al Código Penal de Puerto Rico.
El proyecto también requiere que, para ordenar tratamiento psiquiátrico compulsorio, el tribunal evalúe evidencia específica de conducta reciente, determine que no existen alternativas menos restrictivas que resulten efectivas y establezca que el tratamiento solicitado ofrecerá un beneficio clínico para la persona.
El Senado también aprobó la Resolución Conjunta del Senado 125, que ordena al Departamento de la Familia diseñar e implementar un programa piloto dirigido a adultos con neurodivergencia para ofrecerles un sistema coordinado de servicios y apoyo individualizado.
La resolución establece que el programa deberá atender a no menos de cincuenta adultos mayores de veintiún años con condiciones de neurodivergencia, incluyendo trastornos como autismo, TDAH, dislexia, dispraxia o síndrome de Tourette. Entre los servicios contemplados se incluyen orientación sobre oportunidades educativas, recreativas y residenciales; adiestramiento en destrezas de vida independiente como cuidado personal y mantenimiento del hogar; programas de cuidado diurno; oportunidades de recreación y socialización; servicios de terapia, nutrición y salud; manejo integrado de casos; y apoyo directo a las familias de los participantes.
El Alto Cuerpo también aprobó el Proyecto del Senado 872, de la autoría del senador Ángel Toledo López, por petición, que enmienda varias disposiciones de la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para actualizar referencias a legislación que ha sido derogada o sustituida por leyes más recientes, incluyendo la Ley de Administración y Transformación de los Recursos Humanos de 2017 y la Ley de la Administración de Servicios Generales de 2019. La medida también aumenta de $36,000 a $100,000 el umbral de contratos que requieren aprobación de la Junta de Directores del Instituto, con el propósito de agilizar procesos administrativos y permitir una operación más eficiente de la entidad.
De igual forma, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 884, presentado por la senadora Roxanna Soto Aguilú, que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor para requerir que dicha agencia incluya en su informe anual información detallada sobre el estado de las querellas pendientes, los embargos emitidos y las cantidades recuperadas mediante procesos de cobro, con el propósito de fortalecer la transparencia en las operaciones del DACO.
A su vez, se dio paso el Proyecto del Senado 1045 del senador Wilmer Reyes Berríos, para enmendar el Código Penal de Puerto Rico, a los fines de disponer que en los casos donde se configure reincidencia agravada se aumentará 30 años a la pena fija dispuesta por ley para el delito cometido.
“Aquellas personas que asaltan una vez, asaltan dos veces, tres veces…Qué otra oportunidad le vamos a dar si se nota claramente que está violando el sistema, jugando con el sistema y no le interesa la seguridad. Eso es lo que busca este proyecto, velar por la seguridad de nuestra gente humilde, de aquel trabajador que va día a día a trabajar a echar su negocio para adelante, y siempre hay un sinvergüenza que está buscando cómo asaltar una, dos, tres veces. A ese hay que mandarle un mensaje contundente de que no vamos a tolerar esa conducta más en la sociedad”, indicó Reyes Berrios.
Asimismo, en un turno, el senador Toledo López, se expresó a favor del proyecto. “El proyecto pretende atender una situación de verdadera gravedad en una sociedad que necesita protección. Se trata de una persona que tiene el valor de cometer un delito grave que, sabiéndolo, cumple y comete otro delito grave y sabiéndolo comete uno tercero. Pues se trata de un delincuente habitual”.
Por otro lado, entre las medidas provenientes de la Cámara de Representantes, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 736, que enmienda la Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral para designar a la Administración de Sistemas de Retiro como la entidad encargada de desarrollar el programa voluntario de ahorro para el retiro para empleados del sector privado y ajustar la composición del grupo de trabajo encargado de implementar dicha política pública.
También fue aprobado el Proyecto de la Cámara 771, que enmienda la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito para aumentar de $50,000 a $150,000 el capital accionario mínimo requerido para que una nueva cooperativa pueda comenzar operaciones, con el objetivo de asegurar una base financiera más sólida para estas entidades.
Asimismo, el Senado dio paso al Proyecto de la Cámara 834, que establece como política pública que los hogares sustitutos, establecimientos residenciales y hogares de crianza bajo la supervisión del Departamento de la Familia sean considerados instalaciones prioritarias para el restablecimiento de servicios esenciales, como energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones, tras emergencias o desastres.
Finalmente, el Senado aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 244, que asigna $30,000 al Municipio de Luquillo provenientes de fondos previamente autorizados para la construcción y mejoras de un muro de gaviones en la quebrada Juan Martín, con el propósito de proteger una residencia cercana a esa zona.