El Senado investigará cómo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) renovó el permiso de operación del Sistema de Relleno Sanitario (SRS) del Municipio de Carolina, luego de que surgieran cuestionamientos sobre su aprobación.
Como parte de esa indagatoria, la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales se reunirá hoy a las 9:30 a.m. con el oficial examinador externo contratado por el DRNA que recomendó autorizar el permiso.
Según la presidenta de la comisión, la senadora Marissa Jiménez Santoni detalló en entrevista con Metro Puerto Rico que la decisión de citar al examinador surgió luego de que, en vistas previas de la comisión con funcionarios del DRNA, plantearon que el examinador habría emitido su recomendación sin haber visitado las instalaciones del vertedero, lo que levantó dudas sobre cómo se evaluó la operación.
El permiso en controversia fue renovado por el subsecretario del DRNA, Nelson Cruz Santiago, el 21 de agosto de 2025, por cinco años adicionales.
Jiménez Santoni explicó que el objetivo del encuentro es que el funcionario detalle cómo se llevó a cabo la evaluación que culminó con la recomendación para renovar el permiso.
“Citamos al oficial examinador, un oficial externo que contrata el DRNA para que nos explique cómo fue el proceso de la licencia de los permisos (...) Uno de los cuestionamientos que nosotros hicimos durante una de las vistas fue que aparentemente nunca visitan el vertedero, que eso es como un permiso pro forma”, expresó la legisladora.
La reunión legislativa se desarrollará luego de varias vistas en torno a la Resolución del Senado 2, para investigar la expansión y operación del vertedero de Carolina y los posibles efectos ambientales y de salud pública asociados a su operación y expansión.
Según la legisladora, la comisión ya culminó la etapa de entrevistas con el DRNA y la Junta de Planificación, pero durante ese proceso surgieron estas contradicciones entre ambas agencias sobre aspectos relacionados con la permisología y los requisitos asociados a la zona de amortiguamiento.
Pleito en el Tribunal de Apelaciones
Paralelamente a la investigación legislativa, la renovación del permiso también es objeto de un pleito ante el Tribunal de Apelaciones, luego de que las empresas colindantes al vertedero, Caribbean Golf Academy y Hacienda Campo Rico, impugnaran la decisión administrativa del DRNA tomada en agosto.
Sin embargo, en noviembre de 2025, el Departamento, representado por la Oficina del Procurador General, solicitó al Tribunal de Apelaciones que desestimara el recurso presentado por los colindantes.
En su escrito, el procurador argumentó que la resolución que aprobó la renovación del permiso contenía una “notificación inadecuada emitida por inadvertencia” sobre el derecho de las partes a solicitar revisión judicial, lo que, según la agencia, alteró el procedimiento administrativo que debía seguirse para impugnar el permiso.
El DRNA planteó que ese error en la notificación provocó que se omitiera el procedimiento administrativo adjudicativo que debía agotarse antes de acudir al tribunal, por lo que solicitó la desestimación del caso por falta de jurisdicción.
Por su parte, los demandantes sostuvieron que el tribunal cuenta con la jurisdicción para revisar la decisión administrativa que permitió renovar el permiso del vertedero.
Sobre ese proceso judicial, la senadora indicó que la comisión está al tanto del caso en el Tribunal de Apelaciones, pero recalcó que la investigación legislativa no surge a raíz de ese pleito, sino de denuncias previas relacionadas con la operación del vertedero.
“El asunto del tribunal, nosotros no queremos mezclar absolutamente nada. Nosotros estamos actuando bajo unas denuncias que hubo de algunos constituyentes”, expresó.
Señalamientos ambientales
Conforme a la investigación senatorial, el sistema de relleno sanitario se encuentra en una zona ecológicamente sensible cercana al Bosque de Piñones y áreas de formación kárstica, lo que ha provocado preocupaciones sobre el manejo ambiental del proyecto y el uso de terrenos que originalmente fueron expropiados como zona de amortiguamiento.
Jiménez Santoni también sostuvo que, según la información discutida durante el proceso investigativo, el vertedero no cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental.
“Nunca han hecho un estudio de impacto ambiental, nunca lo han tenido”, afirmó.
La senadora reiteró que la investigación no busca detener la operación del vertedero ni el recogido de desperdicios sólidos en el municipio, sino examinar si el uso de los terrenos y el proceso de permisos se han realizado conforme a la política pública ambiental.
“Nosotros no estamos en contra del vertedero ni del recogido de basura (...) Nosotros lo que estamos esperando es por el medio ambiente, por la zona de amortiguamiento que fue como originalmente se trabajó esa expropiación”, indicó.
De acuerdo con la legisladora, tras la reunión con el oficial examinador hoy, la comisión prevé celebrar una vista adicional para escuchar directamente al alcalde de Carolina.
“Nos falta una vista adicional porque el alcalde de Carolina nunca ha comparecido. Siempre envía a empleados del municipio”, explicó.
Según adelantó, una vez se completen ambas comparecencias, la comisión procederá a emitir sus hallazgos y recomendaciones sobre el proceso de permisos y la operación del vertedero.