Unas 200 salvadoreñas y feministas se movilizaron este domingo por una de las principales calles de San Salvador para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir la garantía de sus derechos, así como un alto a la violencia machista y los feminicidios que se dan en momentos de “represión” y de “retrocesos” en el país centroamericano, según denunciaron las manifestantes.
Con una caminata pacífica que partió de la plaza Salvador del Mundo y llegó al parque Beethoven, en la capital, las participantes recordaron a las mujeres que se encuentran detenidas en el contexto de un régimen de excepción en el país, a las desaparecidas y a las madres que “aún buscan a sus hijos desaparecidos”.
Durante el recorrido, de menos de un kilómetro, las mujeres portaron telas y pancartas con mensajes de alto a la violencia, gritaron consignas, bailaron al ritmo de batucada y corearon canciones alusivas a su día.
“Este día lo dedicamos a las mujeres capturas injustamente por el régimen de excepción”, señaló en una conferencia de prensa la salvadoreña Keyla Cáceres. La medida se excepción contra las pandillas se encuentra vigente en el país desde marzo de 2022.
Cáceres indicó que “en este 8M también recordamos a esas madres que buscan a sus hijos desaparecidos y que siguen sin tener respuesta del Estado, recordamos a las mujeres detenidas como Ruth López”, una abogada y defensora de derechos humanos, crítica del Gobierno de Nayib Bukele, detenida desde mayo 2025.
Al movimiento de mujeres en El Salvador “nos preocupa todo lo que está sucediendo en el país en materia de garantía de los derechos de la mujer (…) los retrocesos en materia de derechos para vivir una vida libre de violencia y la negativa de las autoridades de garantizar estos derechos”, dijo a EFE la antropóloga feminista Mariana Moisa
Al menos 26 casos de feminicidios se perpetraron en 2025 en El Salvador, donde las autoridades no catalogan los asesinatos de mujeres como feminicidios pese a que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres reconoce este delito y establece penas de 30 a 50 años de cárcel, ni publican estadísticas sobre este tipo de muertes.
Además, las instituciones salvadoreñas han puesto bajo secreto o niegan el acceso a datos de violencia, incluida la información sobre muertes violentas de mujeres.
Moisa apuntó que también les preocupa la situación de las niñas en el país, ya que “a pesar de que se cuenta con políticas para la primera infancia, no se habla de los embarazos impuestos y de la violencia sexual que sufren niñas en sus hogares”.
De igual manera, lamentó la salida del país de varias organizaciones de derechos humanos y la disolución legal de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, entidad de la que ella era parte, por la “represión” y “persecución contra activistas”.