La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) solicitó al tribunal federal que no permita que continúe una demanda colectiva presentada por abonados contra el cargo de pensiones incluido en la factura de electricidad, al advertir que el caso podría afectar ingresos esenciales y entorpecer su proceso de reestructuración bajo la ley PROMESA.
En una objeción presentada ante la jueza Laura Taylor Swain, la corporación pública —a través de la Junta de Supervisión Fiscal— se opuso a una moción que busca levantar la suspensión automática que protege a la AEE durante su proceso de quiebra para que el pleito continúe en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.
La demanda, radicada por clientes residenciales y comerciales del sistema eléctrico, intenta convertirse en una acción de clase que agrupe a todos los abonados y reclama que el tribunal detenga el cobro del llamado “cargo de pensiones” y ordene devolver el dinero pagado desde septiembre de 2025.
Ese cargo fue aprobado de manera provisional por el Negociado de Energía de Puerto Rico como parte de un proceso de revisión tarifaria y se incluyó en la factura eléctrica para cubrir el pago de pensiones a jubilados de la corporación pública.
Según la AEE, permitir que la demanda avance mientras continúa el proceso de quiebra podría interferir con sus ingresos y con la administración del caso bajo el Título III de PROMESA.
La corporación pública argumenta que el cargo forma parte de los ingresos tarifarios que recauda a través de la factura eléctrica, por lo que cualquier intento de detener su cobro o exigir la devolución de fondos constituiría una acción contra propiedad del deudor protegida por la suspensión automática del proceso de quiebra.
Además, advirtió que invalidar ese mecanismo podría afectar la capacidad de financiar las pensiones de miles de jubilados de la AEE, ya que el dinero recaudado mediante ese cargo se utiliza para cubrir las obligaciones mensuales del sistema de retiro.
En una moción separada, el Sistema de Retiro de los empleados de la AEE —representado por el abogado Rolando Emmanuelli— también pidió al tribunal federal que no levante la suspensión automática del pleito. En su escrito, el sistema de retiro argumentó que la demanda colectiva contra el cargo de pensiones busca invalidar un mecanismo de recaudo destinado a financiar las pensiones de miles de jubilados de la corporación pública y advirtió que permitir el caso en los tribunales estatales podría causar un daño inmediato al sistema y a los retirados que dependen de esos pagos.
El pleito fue presentado inicialmente contra LUMA Energy y el Negociado de Energía, pero posteriormente se enmendó para incluir a la AEE como demandada. Tras esa inclusión, el tribunal estatal detuvo el caso debido a la protección automática que otorga PROMESA a la corporación pública mientras se desarrolla su reestructuración de deuda.
Ahora corresponderá al tribunal federal determinar si levanta esa suspensión para permitir que el caso continúe en los tribunales de Puerto Rico.