La Comisión de los Sistemas de Retiro evaluó esta semana un paquete de medidas que buscan incluir una serie de empleados de agencias de ley y orden en la categoría de alto riesgo.
Estas piezas, las PC 1064, 801, 374, 661, tienen como finalidad incluir alguaciles adscritos al Poder Judicial, a los fiscales y procuradores de menores y familias, así como a los jefes de instituciones juveniles, como a los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), de modo que se les permita retirarse cuando hayan cumplido los 55 años y laborado por 30 años en el servicio público.
Durante la vista pública, Arnaldo Ortíz Miranda, director ejecutivo de la Junta de Retiro, se mostró en contra de las cuatro medidas que conceden el beneficio de retiro al señalar que su aprobación, “afectaría el plan fiscal del gobierno al incrementarse antes de tiempo los pagos de pensiones”.
“No podemos perder de perspectiva que existen limitaciones fiscales y legales bajo PROMESA, establecidas en el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno y en el Plan Fiscal Certificado”, adujo Ortíz Miranda.
De la misma forma, Ortiz Miranda sostuvo, que la aprobación de esta pieza conllevaría un impacto económico, el cual no está contemplado en estudios actuariales y afectaría de inmediato la partida presupuestaria para el pago de las pensiones.
Sugirió en cambio, que se revise el lenguaje propuesto por la pieza, ya que en la actualidad los servidores públicos bajo esta clasificación, tienen el beneficio de retirarse a los 58 años en consideración a las funciones que desempeñan.
“Recomendamos que se revise el lenguaje propuesto para que la permanencia en el servicio activo hasta los 62 o 65 años sea voluntaria, siempre y cuando el participante se encuentre apto para ello”, planteó el deponente.
En el caso de los fiscales y procuradores de menores y familia, incluidos en el Proyecto de la Cámara 801, el directivo tampoco favoreció la enmienda bajo los mismos argumentos económicos, así como el hecho, de que estos funcionarios son nombrados por un término definido.
Por su parte, Amilcar Gerena Román, presidente de la Asociación de Empleados Judiciales, favoreció estas piezas que reconocen el riesgo al que están expuestos en el cumplimiento de la ley que les crea desgaste físico y emocional acelerado, comparable al caso de los agentes de la Policía y los oficiales del Departamento de Corrección.
También, recomendó que la discusión sobre la edad de retiro sea abordada con “balance”, permitiendo que los empleados que voluntariamente deseen retirarse, puedan así hacerlo sin afectar a los que opten por mantenerse laborando.
Sobre los PC 374 y 661, el director de la Junta de Retiro se manifestó en iguales términos. Los mismos buscan incluir tanto a los jefes de instituciones juveniles, como a los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, bajo esta clasificación.
Ortiz Miranda indicó que estas propuestas no solo afectan al erario público sino al resto de los empleados que caerían bajo esa clasificación y no quieran retirarse, ya que tendrían que renunciar antes de los 62 años, que es la edad máxima que pueden trabajar.
A preguntas de la representante Lourdes Ramos Rivera, presentó como alternativa el permitir que estas clasificaciones bajo discusión puedan renunciar a los 55 años de edad.
“Habría que crear un proyecto para incluir estas clasificaciones sin alterar los componentes de lo que hoy en día son funcionarios de alto riesgo para propósitos de los que es la Ley 447 de 1951”, dijo.
“El fin es permitir que renuncien a esa edad, no obligarlos a renunciar”, enfatizó el deponente que se comprometió que, con los informes presentados por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, ofrecer el dato sobre el impacto de los que sí cumplen para retirarse.
Mientras, Ramos Rivera, presidenta de la Comisión, aseguró que se propone junto al resto de los representantes miembros de la comisión y el asesor legal discutir cómo se armonizan estas propuestas.
“Podríamos estar tocando base nuevamente con la Junta de Retiro, para que finalmente se haga el informe y poder incluir las inquietudes que se han presentado en esta vista, ya que el punto de los proyectos es que estos empleados sean clasificados como servidores de alto riesgo”, manifestó.
En términos similares, se expresó el representante Reinaldo Figueroa Acevedo, quien declaró que se debe “tomar con pinzas estas piezas legislativas, ya que la función que realiza cada uno es diferente”.