Irmarý Domenech Piñeiro, una de las demandantes en el caso federal que reclama la extensión del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) a los residentes de Puerto Rico, falleció el pasado 21 de enero de 2026 mientras el pleito continúa pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.
La notificación oficial fue radicada este 26 de febrero ante el foro apelativo. En el documento se informa que Domenech Piñeiro murió el 21 de enero de 2026.
Con su fallecimiento, asciende a cinco el número de personas vinculadas al caso que han muerto mientras la controversia permanece sometida ante el tribunal apelativo.
El expediente judicial confirma que el caso —Emanuel Rivera-Fuentes, et al. v. Bisignano, et al., No. 23-1151— fue apelado en febrero de 2023 ante el Primer Circuito.
Desde entonces, el tribunal ha recibido notificaciones oficiales sobre los fallecimientos de:
- Emanuel Rivera-Fuentes
- Gladys Fuentes Lozada
- Maritza Frasqueri Berríos
- Edwin Morales López, padre y representante de Noriana Morales Rodríguez
- Irmarý Domenech Piñeiro
La demanda original fue presentada el 26 de agosto de 2020 ante el Tribunal Federal en San Juan y posteriormente apelada tras una determinación adversa en primera instancia.
Según surge de la demanda enmendada, Domenech Piñeiro nació el 1 de enero de 1984 en Río Piedras y padecía parálisis cerebral severa y cuadriparesia espástica desde su nacimiento, además de otras condiciones médicas, incluyendo lupus. Como otros demandantes en el caso, nunca recibió el beneficio federal del SSI pese a cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos para residentes en los estados.
La representación legal del grupo está a cargo de la licenciada Isabel Abislaimán Quílez, quien además ha llevado el planteamiento ante el tribunal que supervisa la quiebra del gobierno bajo la ley Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA). En mociones previas, la abogada ha solicitado que se consideren los efectos que tendría la exclusión del SSI sobre las poblaciones más vulnerables y ha planteado que ciertos procesos relacionados al Plan de Ajuste deberían evaluarse a la luz de lo que resuelva el foro apelativo en este caso.
El grupo de demandantes —personas con discapacidades severas, adultos mayores y residentes de bajos ingresos— sostiene que excluir a Puerto Rico del programa viola disposiciones constitucionales relacionadas con la ciudadanía y la igualdad de derechos. El pleito permanece sometido ante el panel apelativo sin que hasta el momento se haya emitido una decisión.
De prevalecer los demandantes, la extensión del SSI podría impactar a más de 300,000 personas en Puerto Rico, con una inyección estimada de cerca de $1,000 millones anuales en la economía local, según planteamientos incluidos en los escritos judiciales del caso.