La gobernadora Jenniffer González Colón sostuvo este jueves que ahora le corresponde al Departamento de Justicia evaluar las querellas relacionadas con la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Y. Pérez Peña, luego de que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) remitiera el informe de su investigación el pasado viernes.
La mandataria indicó que el informe fue enviado a Justicia mientras ella se encontraba fuera de Puerto Rico y que no ha tenido acceso al documento.
“Yo no tengo los documentos, eso le va a corresponder a Justicia. Yo creo que en este momento no podemos seguir con las especulaciones de si es o no es, que Justicia evalúe, de quiénes son las firmas, de cuáles son los procesos y las declaraciones que se han hecho”, expresó desde La Fortaleza.
González Colón recordó que actualmente existen dos querellas radicadas ante el Departamento de Justicia.
“Hay un elemento aquí y hay dos querellas radicadas en el Departamento de Justicia. Debe ser el Departamento de Justicia que investigue con celeridad todas las alegaciones, todas las imputaciones y los trámites y los documentos. Ya (la secretaria) ha manifestado que hay más documentos, así que sea Justicia, que lo evalúe de la manera más rápida posible para que se llegue a una resolución final”, sostuvo.
Una de las querellas fue presentada por legisladores del Partido Popular Democrático.
“Esa es la opinión que puedan tener los legisladores populares que radicaron una querella y que está atendiendo en este momento el Departamento de Justicia”, dijo la gobernadora.
La primera ejecutiva alegó que no ha habido imputaciones relacionadas con la gestión de Pérez Peña al frente de Vivienda.
“No se le ha imputado absolutamente nada sobre su función como secretaria de la Vivienda”, afirmó.
Asimismo, insistió en que el asunto corresponde a hechos previos a su nombramiento.
“No ha habido un solo señalamiento a su función como secretaria, a estos previos. Esto es una situación de un negocio previo a su función como secretaria que siempre lo puso en su informe”, señaló.
González Colón reiteró que será el Departamento de Justicia quien determine si hubo irregularidades.
“Si el Departamento de Justicia entiende que aquí hubo una irregularidad, una violación, tiene que procesar como cualquier otro”, puntualizó.
La controversia surge en medio de señalamientos relacionados con un centro de inspección vehicular en Yabucoa, mientras el Departamento de Justicia evalúa querellas vinculadas al caso.
Pérez Peña ha dicho que no renunciará a su cargo, al tiempo que admitió que sus familiares utilizaron su firma para gestiones sobre el centro de inspección en Yabucoa eje del conflicto.
La controversia pública coincide con una demanda presentada por el exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP, Arturo Deliz Vélez, quien alega represalias tras investigar el centro de inspección Yabucoa Auto Services. En su recurso judicial, Deliz sostiene que en el establecimiento “se estaban falsificando las inspecciones sin entrarlas al sistema con el resultado neto de que se apropiaban del dinero cobrado por la inspección en su totalidad, defraudando al erario”, y que se identificaron 1,975 transacciones, lo que, conforme a la Ley 22 de Tránsito, podría conllevar multas de $500 por cada infracción. La secretaria de Vivienda ha rechazado esos señalamientos y ha insistido en que no participa en la operación del negocio desde 2017.