La empresa Airbnb afirmó la necesidad de la creación de una regulación estatal uniforme para los alquileres a corto plazo en Puerto Rico, al sostener que la fragmentación municipal genera incertidumbre para los anfitriones.
En entrevista con Metro Puerto Rico, el director de Políticas Públicas de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, Carlos Muñoz, afirmó que la empresa está de acuerdo con que el sector requiere legislación y fiscalización, pero planteó que el modelo debe ser claro, uniforme y diseñado de forma que no limite innecesariamente la actividad económica.
“Se requiere legislación y se requiere regulación para que se ordenen y para que se fiscalicen. En eso estamos de acuerdo (...) yo me siento a hablar con cualquier persona, para compartir la dinámica del mercado, del sector, las diferencias que existen entre diferentes empresas, cómo una legislación o un requisito pudiera afectar a un anfitrión o a este ecosistema económico tan importante para Isla”, expresó.
La postura de la empresa se da en el contexto de un informe que atribuye al ecosistema de Airbnb un impacto económico de $1.87 mil millones al Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, con más de 32,000 empleos respaldados y sobre $2,200 millones en gasto en comercios locales. Según la plataforma, estos datos buscan aportar información a los tomadores de decisiones sobre el alcance económico de la actividad mientras persiste la discusión sobre la necesidad de modelos regulatorios.
Muñoz indicó que ha mantenido conversaciones constantes en el Capitolio durante los pasados años y que la empresa ha participado activamente en procesos legislativos anteriores.
“Constante. Tengo años, tengo años de estar yendo, tengo cinco años por lo menos de estar visitando. En la legislatura pasada hubo un proyecto de ley 1557, que Airbnb apoyó múltiples, innumerables reuniones en esa legislatura”, sostuvo.
El Proyecto de la Cámara 1557 (PC 1557) de Puerto Rico buscaba regular los arrendamientos a corto plazo, imponiendo requisitos de seguridad, manejo de emergencias y permisos. Fue derrotado por el Senado en junio de 2024 tras críticas por falta de fiscalización, impacto en la vivienda y competencia desleal con hoteleros.
Ante la necesidad de una ley reguladora, el director insistió en que una regulación bien estructurada no necesariamente tiene que obstaculizar el crecimiento del sector.
“Una legislación o una regulación bien construida no necesariamente tiene que limitar, obstaculizar, dificultar (...) Una buena legislación puede acoger, puede dar estabilidad, puede darle sostenibilidad a largo plazo a una actividad sana, saludable, que le está dejando, tanto a los ciudadanos como al Estado, un recaudo importante”, dijo.
Fragmentación municipal
En ausencia a una ley fiscalizadora, algunos municipios han adoptado ordenanzas propias para regular la actividad.
Muñoz señaló que esta tendencia ha provocado un escenario en el que los requisitos pueden variar significativamente de un municipio a otro.
“Hoy sale un municipio con otra cosa, otro día salen con otra cosa, otro municipio a esto”, indicó.
Como ejemplo, en Dorado, una ordenanza aprobada en 2021 requiere que los propietarios de alquileres a corto plazo obtengan una licencia municipal cuyo costo puede oscilar entre $1,000 y $3,000 anuales, dependiendo de la cantidad de propiedades operadas. La medida también establece límites de ocupación y multas que pueden alcanzar entre $1,000 y $5,000 diarios por incumplimiento.
El municipio justificó esa regulación señalando preocupaciones sobre calidad de vida y la necesidad de que estas propiedades contribuyan con patentes y contribuciones municipales.
Para Muñoz, en un mercado geográficamente pequeño como Puerto Rico, sería preferible un modelo estatal que establezca un registro uniforme y requisitos básicos consistentes para todos los municipios.
También destacó que Airbnb mantiene desde hace nueve años un acuerdo con la Compañía de Turismo de Puerto Rico para el cobro y remisión directa del canon de ocupación o “room tax” en las reservaciones realizadas a través de la plataforma.