El debate sobre el contrato suplementario de LUMA Energy volvió a evidenciar diferencias públicas entre la gobernadora Jenniffer González y la Junta de Supervisión Fiscal, particularmente sobre la jurisdicción del caso y la estrategia para su cancelación.
Las diferencias fueron vistas durante la 50ª Reunión Pública de la Junta, en la que participó la primera mandataria.
En su informe ante la Junta, Mujica dejó clara que la posición del ente fiscal respecto al foro donde debe discutirse el contrato.
“Esto no es una reflexión del desempeño de Luma, pero es la posición de la Junta que este tema debe escucharse en el tribunal que tiene jurisdicción sobre promesa“, indicó el director ejecutivo.
Añadió que, bajo la ley vigente, la operación del sistema eléctrico debe permanecer en manos privadas.
“La red debe ser operada por una entidad privada, esa es la ley en Puerto Rico y es un elemento crítico para tener cualquier oportunidad de mejorar el sistema energético como en el flan fiscal”, continuó.
Mujica también vinculó el tema al proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), señalando que la carga de los bonistas continúa siendo un obstáculo.
Por su parte, la gobernadora reafirmó que su administración ya activó acciones legales estatales para anular el contrato suplementario.
Asimismo, aunque reconoció desacuerdo con la Junta en este punto, insistió en que su objetivo no es regresar la operación a la Autoridad.
“Yo no quiero que las cosas regresen a la Autoridad de Energía Eléctrica, quiero que haya un operador privado con experiencia que pueda hacer el trabajo en la isla” “, detalló González Colón.
El trasfondo procesal
El pleito para invalidar el contrato suplementario se encuentra actualmente en disputa sobre jurisdicción, luego de que LUMA solicitara el traslado al tribunal federal bajo Título III de PROMESA.
Mientras la Junta sostiene que ese es el foro adecuado, el gobierno ha solicitado el remand para que el caso regrese al foro estatal.