La mayoría de las agencias y organizaciones que comparecieron ante la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar de la Cámara de Representantes no favorecieron el Proyecto de la Cámara 1093, al advertir que la medida duplicaría disposiciones ya contempladas en la Ley 82-2023, que creó el Registro de Cuidadores Informales en Puerto Rico.
El proyecto, presentado por la representante Odalys González González, propone establecer la “Ley de Cuidadores Familiares en Puerto Rico” y crear un registro oficial adscrito al Departamento de la Familia (DF).
Sin embargo, durante la vista pública, varias agencias recomendaron en su lugar enmendar la legislación vigente para fortalecerla.
La directora de Asuntos Legales del DF, Nicole Báez Ortiz, sostuvo que la intención del proyecto ya está recogida en la ley actual.
“Reconocemos el interés de esta Asamblea Legislativa en otorgarle beneficios a estas personas para capacitarlas y certificarlas como cuidadores informales de la población de adultos mayores, no obstante, muy respetuosamente exponemos que lo expuesto en este proyecto se encuentra vigente en la Ley 82-2023, por lo que favorecer su aprobación conllevaría duplicidad de esfuerzos, sobre un asunto ya legislado”, expresó.
En la misma línea se manifestó el director estatal de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), José Acarón Rodríguez, quien señaló que, aunque el propósito del proyecto es loable, sus disposiciones repiten lo ya contenido en la legislación actual.
Asimismo, la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada no favoreció la medida al entender que el asunto ya está atendido por la ley vigente.
Salud avala la medida de forma condicionada
Por su parte, el Departamento de Salud respaldó la pieza legislativa, pero condicionó su endoso a que cualquier acción sea coherente con la Ley 82-2023 ya vigente.
El analista de política pública de la Secretaría Auxiliar de Servicios para la Salud Integral Luis Abdiel Burgos indicó que el cuidador informal y el cuidador familiar no reciben remuneración económica. Sin embargo, explicó que “el cuidador familiar puede tener empleo y que la ley vigente ya le reconoce derechos para conservarlo mientras brinda cuidados”.
Bajo número de aprobaciones y costo como principal obstáculo
Uno de los datos más reveladores expuestos durante la vista fue el bajo número de cuidadores aprobados en el registro existente. Según se informó, de 170 solicitudes presentadas, solo 37 han sido aprobadas.
Báez Ortiz explicó que uno de los mayores obstáculos es el costo de certificación requerido bajo la Ley 300 de 1999, que exige la verificación de credenciales e historial delictivo.
“Nosotros nos mantenemos en comunicación con el Departamento de Salud, para ver si a esos fines podemos buscar una alternativa, ya que conlleva un costo y obviamente el cuidador informal no cobra por ayudar a su familiar, así que yo diría ese es el renglón que tenemos que trabajar”, indicó Báez Ortiz.