La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Lynette Gómez Torres, dijo el lunes que la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) tiene hasta el 27 de febrero para informar a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) si va a investigar o no los referidos contra la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.
“Se está evaluando. Nosotros tenemos 15 días para informarle al FEI si vamos a hacer una investigación o no. Esos 15 días expiran el 27 de febrero”, dijo la secretaria en conferencia de prensa.
“Debo aclarar que nosotros no tomamos ningún referido livianamente. Nosotros vamos a hacer una investigación, una investigación exhaustiva”, añadió.
Gómez Torres mencionó que, hasta el momento, no ha conversado con la gobernadora sobre el caso. Sostuvo que los referidos que tienen hasta ahora son los presentados por los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres Cruz, Swanny Vargas Laureano y Domingo Torres García.
Torres Cruz y Vargas Laureano le solicitaron al Departamento de Justicia que “determine, mediante una investigación independiente y objetiva, si existió algún tipo de actuación ilegal o impropia relacionada con los centros de inspección y si algún funcionario público utilizó su posición para beneficio personal o de terceros”.
Mientras, el portavoz alterno de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Domingo Torres García, solicitó lo siguiente: la investigación criminal inmediata por posibles violaciones al Código Anticorrupción relacionadas con represalias contra un servidor público que investigó presuntas irregularidades; la investigación por posible abuso de poder e influencia indebida desde posiciones de alto rango dentro del aparato gubernamental; la preservación inmediata de evidencia electrónica, incluyendo comunicaciones, mensajes, correos electrónicos y registros de reuniones entre funcionarios involucrados; una evaluación ética independiente sobre el posible uso indebido del poder para interferir en procesos investigativos; y que la investigación sea atendida por instancias independientes con jurisdicción sobre asuntos de integridad pública.
Los referidos contra Pérez Peña corresponden a un centro de inspección de su propiedad en Yabucoa, que fue multado por irregularidades con los documentos de inspección y marbetes. El exdirector de Investigaciones e Inspección del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Arturo Deliz Vélez, alegó represalias por la investigación del Centro de Inspección y demandó al gobierno por 375 mil dólares.