El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, informó este domingo sobre la radicación de un proyecto que busca fomentar la construcción de hogares ecoamigables a través de toda la Isla.
Méndez Núñez explicó en declaraciones escritas que el Proyecto de la Cámara 1113, el cual crea la nueva “Ley para el Permiso Especial de Construcción de Hogares Verdes”, establece unas guías que permitirán la construcción de residencias independientes de las utilidades del Estado, mejorando el medioambiente y garantizando el derecho a la vivienda a las familias puertorriqueñas.
“En esencia, este permiso permite desarrollar hogares autosuficientes, resilientes y desconectados de la red pública, reduciendo la dependencia del Estado y promoviendo comunidades sostenibles. Con ello, el Gobierno no solo responde a la crisis de vivienda y al alza de los costos de construcción, sino que también impulsa un modelo moderno, descentralizado y ecológico que reafirma su compromiso con el derecho a un hogar digno para todos los puertorriqueños”, expresó Méndez en la Exposición de Motivos del proyecto.
La medida autoriza a la Oficina de Gerencia de Permisos, a los Municipios con jerarquía I a III y a los profesionales autorizados a otorgar permisos para desarrollar hasta siete solares en suelos rústicos comunes, siempre que cumplan con los requisitos de sostenibilidad.
“El Plan de Uso de Terrenos y los Planes de Ordenación Territorial clasifican los terrenos en tres categorías principales: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo rústico (rústico común y rústico especialmente protegido). Mientras que los suelos urbanos y urbanizables son más aptos para el desarrollo inmediato, su alto costo los hace poco accesibles para gran parte de la población. En cambio, el suelo rústico común, que no posee atributos ecológicos, arqueológicos ni paisajísticos de especial protección, representa una reserva de espacio con potencial para el desarrollo responsable de vivienda”, comentó el líder legislativo.
Y agregó: “Sin embargo, su uso ha estado limitado por una reglamentación excesivamente restrictiva que impide a muchas familias utilizar terrenos heredados o familiares para construir hogares propios. Esta rigidez normativa, aunque bien intencionada en su origen, ha terminado por obstaculizar el acceso a vivienda asequible en zonas rurales, donde abundan los terrenos disponibles y se mantienen los vínculos comunitarios”.
Las residencias autorizadas deberán tener acceso pavimentado, agua potable por pozo o acueducto privado, energía mediante placas solares o gas, sistemas sépticos con aireadores solares y conectividad por medios inalámbricos o satelitales.