La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que declaró ilegales gran parte de los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 reconfigura el panorama de la política comercial estadounidense y podría tener efectos económicos positivos.
En una determinación 6-3, el Supremo concluyó que el Ejecutivo excedió la autoridad conferida por el Congreso al imponer tarifas unilaterales de alcance amplio, al considerar que los aranceles constituyen un tipo de impuesto cuya facultad recae constitucionalmente en el Poder Legislativo. Aunque el fallo no impide que el gobierno imponga gravámenes bajo otras leyes, sí limita el uso de poderes de emergencia en tiempos de paz para establecer aranceles generales.
El economista y profesor José Caraballo Cueto celebró la decisión del supremo y sostuvo que la determinación responde a principios democráticos básicos sobre la imposición contributiva.
“Me parece la decisión correcta. Los aranceles presuponen que los impuestos en general, incluyendo los aranceles, que un impuesto a la importación sea una ley y que esté sujeta a debate y representación de todas las personas que van a correr con esa carga que se llama impuesto. Debe ser una decisión unilateral del Ejecutivo en un sistema democrático”, expresó Caraballo Cueto.
Asimismo, añadió que el impacto de la política arancelaria había sido contrario a los objetivos declarados por la propia administración.
“Ha tenido un impacto regresivo porque los impuestos al consumo son regresivos en el sentido de que los pagan por igual los ricos, la clase media y los pobres. En economía ya hay un consenso que los impuestos deben de ser progresivos en la medida en que si la persona tiene mayor riqueza se supone que aporten más”, indicó.
Caraballo Cueto señaló que, más allá del efecto en consumidores, el fallo podría aportar estabilidad a un entorno que describió como volátil.
“Más allá de los consumidores, también esto le da más estabilidad al sistema económico. Porque el gobierno de Trump era extremadamente volátil a la hora de establecer estos aranceles”, sostuvo.
Por su parte, el economista Heriberto Martínez advirtió que la incertidumbre sobre las implicaciones de la decisión del Supremo podría persistir mientras no haya claridad sobre si el presidente acatará plenamente la determinación.
“Reconociendo que el presidente de los Estados Unidos no ha sido la persona más institucionalista de la política estadounidense, me parece que la incertidumbre va a continuar hasta el momento en que el presidente de los Estados Unidos emita una comunicación de que va a acatar el fallo del Tribunal Supremo”, expresó Martínez.
Planteó que, si en teoría el presidente acepta el fallo, debería traducirse en una reducción gradual de precios a lo largo de 2026.
“En un mundo normal se supone que esos aranceles se dejen de aplicar y que a lo largo del 2026 veamos como precios de productos importados de los países a los que se les impuso el arancel, que son prácticamente la gran mayoría porque esto era un impuesto general, pues van a empezar a ajustarse y a bajar paulatinamente”, afirmó el economista.
Sin embargo, explicó que el ajuste no sería inmediato debido al inventario ya adquirido bajo el esquema contributivo previo.