El Proyecto de la Cámara 1115 (PC 1115), que propone derogar la Ley 47-2021 y eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo para devolver a la Asamblea Legislativa la facultad exclusiva de fijar el salario mínimo en Puerto Rico, reactivó la conversación sobre quién debe tomar las determinaciones salariales y bajo qué criterios.
Más allá del salario vigente que no se toca en la medida —actualmente en $10.50 por hora—, el eje de la discusión se centra en el funcionamiento y la estructura de la Comisión creada en 2021.
La Ley 47-2021 estableció una Comisión compuesta por siete integrantes, incluyendo economistas nominados por distintos sectores —movimiento obrero, sector patronal y academia— así como representantes del interés público. Su función es revisar periódicamente el salario mínimo estatal, ajustarlo conforme al costo de vida y rendir informes anuales.
Sin embargo, la Comisión ha enfrentado problemas en su conformación. El exsecretario del Trabajo, Víctor Rivera, señaló que el organismo tardó en integrarse y actualmente opera con solo tres miembros.
“El problema no es la comisión como concepto, sino su falta de conformación completa. Eso responde a fallas estructurales o administrativas, no a que el modelo sea incorrecto”, sostuvo Rivera.
A su juicio, antes de derogar la ley debe realizarse un análisis sobre la operacionalidad del organismo.
“La legislatura crea leyes y fiscaliza. Esas facultades no se pierden con la creación de una comisión técnica. Lo que la comisión hace es aportar peritaje”, añadió.
Por su parte, diez organizaciones del sector privado respaldaron formalmente el PC 1115 mediante una ponencia ante la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara.
El documento fue suscrito por la Cámara de Comercio de Puerto Rico; el Centro Unido de Detallistas (CUD); la Asociación de Industriales de Puerto Rico; la Asociación de Constructores de Hogares; la Asociación de Restaurantes (ASORE); la Asociación de Hoteles y Turismo; la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM), capítulo de Puerto Rico; la Asociación de Bancos; la Asociación de Laboratorios Clínicos; y Advantage Business Consulting, entre otras entidades.
Precisamente, las organizaciones sostienen que la Comisión nunca contó con la totalidad de sus integrantes y que operó con quórum reducido, lo que permitió que en 2024 se adoptara una determinación con impacto económico mediante el voto de tres miembros.
Además, argumentaron que decisiones de alto impacto económico deben recaer en funcionarios electos.
“Determinaciones con el potencial de impactar grandemente nuestra economía deben ser tomadas por funcionarios electos bajo una plataforma económica refrendada por los votantes”, indicaron.
También plantearon posibles cuestionamientos jurídicos sobre la delegación de poderes administrativos.
Mientras tanto, en la arena política el partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) expresó oposición al PC 1115. La exsenadora Ana Irma Rivera Lassén sostuvo que la Comisión fue concebida como un mecanismo técnico para evaluar datos económicos y ajustar el salario conforme aumente el costo de vida. Ayer, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández también planteó la oposición de su colectividad a la piezaa legislativa, tal y como está presentada, aunque esta no plantea revertir el salario mínimo vigente.
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