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Senado avanza proyecto para prohibir financiamiento extranjero en campañas políticas locales

La medida enmienda la Ley 222-2011 sobre fiscalización del financiamiento político.

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Sesión ordinaria.

El Senado dio paso al Proyecto del Senado 920, una medida de administración dirigida a prohibir la influencia económica de personas jurídicas extranjeras en el financiamiento de campañas políticas en Puerto Rico.

La pieza legislativa propone enmendar los Artículos 2.004 y 5.006 de la Ley 222-2011, conocida como la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”, con el fin de prohibir donativos, gastos independientes y la creación de comités políticos por entidades extranjeras.

La medida recibió un informe positivo de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que preside el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y contó con el respaldo del Departamento de Justicia.

“Reconocemos la importancia de garantizar que nuestro proceso electoral quede libre de toda influencia corporativa extranjera, que pueda atentar con nuestro sistema democrático”, citó la medida en su exposición de motivos.

Asimismo, añadió que de esta manera también “protegemos nuestro sistema electoral de otros intereses ajenos a nuestras costumbres y tradiciones. Por ello este Gobierno considera meritorio aprobar toda legislación necesaria, que redunden en fortalecer el derecho electoral, nuestro sistema de financiamiento de campañas políticas, y con ello, el sagrado derecho al sufragio universal”.

Se aprueba medida anticorrupción

Durante la sesión también recibió aval el Proyecto del Senado 921, que enmienda el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico para incluir al Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como miembro del Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, además de ampliar las funciones de dicho organismo.

La exposición de motivos señaló que la medida busca robustecer el aparato institucional anticorrupción del gobierno, alineándose con prácticas internacionales promovidas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

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