El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico concedió una orden de restricción temporera (TRO) y prohibió a agencias federales trasladar a Perfecto Paula, un inmigrante dominicano detenido en Puerto Nuevo, fuera de Puerto Rico, tras una petición urgente de habeas corpus presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico.
“Como este distrito ha sostenido repetidamente en casos recientes, las personas no ciudadanas que están detenidas bajo la Sección 1226(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad tienen derecho a una vista de fianza ante un ente decisional neutral”, subrayó en su orden la jueza federal María Antongiorgi Jordan, en referencia a inmigrantes detenidos cuyos casos no son de detención obligatoria.
La orden dispone que el Gobierno debe celebrar una vista de fianza ante un juez de inmigración en o antes del 25 de febrero de 2026. De no realizarse para esa fecha, el tribunal ordenó la liberación inmediata de Paula.
El hombre fue detenido el 14 de febrero de 2026 por agentes federales en Puerto Nuevo (San Juan), pese a contar —según la petición— con un proceso migratorio avanzado y aprobado.
“La orden de la jueza Antongiorgi, junto a otras recientes del Distrito de Puerto Rico, es indispensable para reiterar que las personas inmigrantes tienen derecho al debido proceso y que sus derechos no pueden ser violentados”, sostuvo el licenciado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
La petición argumenta que la detención carece de base legal válida, viola garantías constitucionales y ocurre en un contexto de amenaza inminente de traslado al territorio continental de Estados Unidos, lo que limitaría el acceso efectivo a representación legal y a su familia.
En cuanto a los traslados de inmigrantes detenidos en la isla, la jueza otorgó a las agencias federales hasta el 27 de febrero de 2026 para explicar por qué no deben ser sancionadas, “a la luz de los numerosos casos recientes de este distrito en los que los demandados han intentado repetidamente llevar a cabo deportaciones discrecionales sin conceder una audiencia de fianza”.
Según el recurso, Paula está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de una menor ciudadana estadounidense. Ha residido de forma continua en Estados Unidos desde el año 2000 y cuenta con una Petición de Familiar Extranjero (I-130) aprobada y una dispensa provisional por presencia ilegal (I-601A) aprobada, trámites que implican cumplimiento con los mecanismos legales y pago de aranceles federales.
La petición también advierte que el traslado a centros de detención en territorio continental, donde se han documentado condiciones infrahumanas, podría causar daños irreparables, además de crear barreras de acceso a representación legal y limitar garantías procesales.
Junto a la ACLU de Puerto Rico, participan en el recurso la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Las entidades reiteraron que continuarán utilizando herramientas legales para frenar detenciones que consideran ilegales y garantizar que las protecciones constitucionales aplican plenamente a toda persona bajo custodia del gobierno, independientemente de su estatus migratorio.