La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó con observaciones el ajuste por inflación del Crédito por Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) para el año contributivo 2025, tras reconsiderar un rechazo previo al boletín informativo emitido por el Departamento de Hacienda.
En una carta fechada el 13 de febrero de 2026 y dirigida al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, la JSF explicó que en octubre pasado rechazó el boletín que anunciaba el ajuste por inflación debido a que el aumento en costos del programa no era consistente con el Plan Fiscal certificado ni con el presupuesto vigente. No obstante, luego de conocer la existencia de un acuerdo formal entre el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento del Tesoro federal que regula la transferencia de fondos federales para el EITC, el organismo revisó su determinación y optó por aprobar la medida con señalamientos.
La Junta reconoció que el EITC constituye una herramienta efectiva para incentivar la participación laboral formal y reducir la pobreza. Sin embargo, destacó que el costo del programa ha superado de forma significativa las proyecciones originales.
Según la carta, el programa se expandió bajo la Ley 41-2021 tras la aprobación del American Rescue Plan Act (ARPA), que autorizó hasta $600 millones en fondos federales anuales, con una proporción de tres dólares federales por cada dólar local. La proyección inicial contemplaba un costo total de $800 millones, con una aportación estatal de $200 millones.
No obstante, el primer año el costo superó los $1,000 millones y, para el año contributivo 2025, el total excederá los $1,500 millones. De esa cantidad, el Gobierno de Puerto Rico aportará cerca de $783 millones, lo que representa más del 50 % del total y más del triple de lo estimado originalmente.
La participación también aumentó de forma sustancial. Mientras las proyecciones iniciales estimaban menos de 515,000 beneficiarios, ahora se anticipa que alrededor de 725,000 contribuyentes reclamarán el crédito en 2025. El beneficio promedio supera los $2,000 por planilla y puede alcanzar cerca de $8,000 en algunos casos.
La Junta advirtió que el ajuste por inflación para 2025 añadirá aproximadamente $72 millones adicionales al costo del programa en comparación con 2024. Afirmó además que el EITC figura entre los gastos más significativos del Fondo General, con un costo superior a las asignaciones al Departamento de Salud y a la Universidad de Puerto Rico, y cercano al presupuesto total de Medicaid.
Ante ese escenario, la JSF recomendó fortalecer los controles administrativos y de cumplimiento, en particular en lo relacionado con preparadores de planillas, y evaluar mecanismos de fiscalización similares a los utilizados en otras jurisdicciones. También instó al Gobierno a integrar este tipo de iniciativas dentro del proceso formal de desarrollo presupuestario para asegurar alineación con los objetivos fiscales a largo plazo.
La carta aclara que la revisión de la Junta se limita al cumplimiento del ajuste con el Plan Fiscal certificado y no constituye una evaluación legal del reglamento bajo otras leyes federales o locales. Cualquier cambio material deberá someterse nuevamente a la consideración del organismo fiscal.
Advertencia sobre impacto en la pobreza
Tras la decisión de la Junta de aprobar el ajuste por inflación del Crédito por Trabajo con observaciones, la organización Espacios Abiertos reaccionó señalando que el cambio de postura es una noticia importante para cientos de miles de familias trabajadoras en Puerto Rico.
La entidad recordó que la propia Junta reconoció que su determinación inicial de rechazar el ajuste se tomó sin contar con información relevante sobre el acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que rige las transferencias federales relacionadas con el programa, ni con la Ley 141 de 2021 que regula su manejo en Puerto Rico. Asimismo, la JSF admitió que rechazar el ajuste por inflación podría afectar el marco de financiamiento del programa.
Espacios Abiertos reiteró que congelar el ajuste por inflación no es un detalle técnico, sino que en la práctica reduce el poder adquisitivo del beneficio y debilita su objetivo de política pública: incentivar el trabajo formal y reducir la pobreza laboral.
Según destacó la organización, la propia Junta reconoce en su carta que el crédito por trabajo es una de las herramientas más efectivas para aumentar la participación laboral en la economía formal y reducir la pobreza.
El pasado 3 de febrero, Espacios Abiertos publicó el informe titulado “La denegación del ajuste por inflación del crédito por trabajo en Puerto Rico y sus efectos en la pobreza”, en el que advirtió que impedir el ajuste equivaldría a un recorte real del programa.
Con datos administrativos provistos por el Departamento de Hacienda, el análisis estimó que la denegación del ajuste, calculado en aproximadamente $72 millones, implicaría que alrededor de 7,475 personas adicionales permanecerían por debajo del umbral de pobreza federal.
La organización también destacó la magnitud del programa. En el año contributivo 2024, el crédito promedio fue de $1,974 y 734,619 familias lo reclamaron, lo que representa casi seis de cada diez hogares que radicaron planillas.
Para Espacios Abiertos, estos números demuestran que el Crédito por Trabajo no es un programa marginal, sino un componente central del ingreso disponible para hogares de ingresos bajos y medianos, en un contexto de pobreza históricamente elevada y baja participación laboral formal.
La Junta aclaró que su revisión se limitó al cumplimiento del ajuste con el Plan Fiscal certificado y que cualquier cambio material deberá someterse nuevamente a su evaluación.