Tras la firma de la Ley 18 del 2026, que enmienda el Código Penal para tipificar la muerte de un no nacido en cualquier etapa de gestación como asesinato, profesionales de salud y legales enfatizaron que el aborto todavía es un servicio de salud legal, aunque proyectan que podría ilegalizarse.
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La ginecóloga obstetra Yarí Vale Moreno, quien opera una clínica de aborto en Darlington Medical Associates, lamentó que esta medida, así como la ley que otorga personalidad jurídica a un no nacido (Ley 183 de 2025) y la que califica su muerte como doble asesinato si fallece la gestante por una agresión (Ley 166 de 2025, Ley Keishla Madlane), pone en segunda plano a la mujer.
“Es una pena que el valor de una mujer se releve y le den tanta importancia al embarazado, dándole mayor importancia que la mujer gestante”, expresó en llamada con Metro Puerto Rico, a la vez que destacó que tres estipulaciones del Código Penal quedaron “inalteradas” y, por eso, el aborto mantiene su legalidad.
La Ley 122 del 2025 también modifica el protocolo de abortos para menores de 15 años, por lo que, junto a las demás leyes aprobadas desde diciembre, según la licenciada Ruth Arroyo Muñoz, “forma el andamiaje para retar la Constitución de Puerto Rico”.
“No me sorprende la firma (de la Ley 18), es una manera antidemocrática, firmar por descargue [...] Es un abuso. Vamos a seguir defendiendo el derecho al aborto y combatiendo esas leyes. Vamos a insistir en que son problemáticas y exponen a las mujeres a acusación penal”, planteó la abogada de la coalición Aborto Libre, quien coincidió con Vale Moreno en que las leyes proponen un conflicto para mujeres en edad reproductiva.
Arroyo Muñoz explicó que la población expuesta a un mayor riesgo son quienes queden embarazadas y, por alguna complicación médica, tengan que decidir entre parir o vivir, o que no puedan acceder a servicios médicos en hospitales porque el profesional de salud opte por no atenderla para evitar consecuencias legales.
Si bien la licenciada expuso que la Ley 18 ocasiona “confusión”, la vicepresidenta del Partido Republicano en Puerto Rico, Keren Riquelme, en una columna de opinión, reflexionó lo opuesto: que la legislación enmarca con “mayor claridad jurídica” la gestación en el contexto penal.
“Cuando el ordenamiento jurídico subraya la importancia de la gestación, los profesionales de la salud tienden a reforzar protocolos, revisar prescripciones con mayor detenimiento y extremar cuidados. No por miedo, sino por conciencia”, compartió.
Pero Vale Moreno y Arroyo Muñoz insistieron que el miedo impera, pues hasta las primas por negligencia médica podrían aumentar súbitamente como consecuencia de las leyes. “Es un problema grande y puede provocar una crisis de salud hacia esa población en específico, adicional a la que hay”, advirtió la doctora.
Estas cuatro leyes, en sus etapas como proyectos bajo la Cámara de Representantes y el Senado, enfrentaron amplia oposición de grupos de derechos de aborto, del Colegio de Médicos, de Abogados, entre otras organizaciones, pero comoquiera fueron aprobadas.
El texto aprobado de la Ley 18 establece que “asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”, y que, para efectos del Código Penal, el término ser humano incluye al concebido en el vientre materno. La gobernadora Jenniffer González Colón admitió que consideró retirar la medida, pero determinó dejarla ante la Asamblea Legislativa para que lo evalúe.