La secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Y. Pérez Peña, rechazó nuevamente las imputaciones relacionadas con un centro de inspección vehicular en Yabucoa y aseguró que se trata de señalamientos “falsos” y “difamatorios”.
En declaraciones autorizadas emitidas este jueves, la funcionaria sostuvo que considera necesario reiterar “de manera definitiva” las imputaciones surgidas a raíz de una declaración jurada atribuida a un empleado del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que, según indicó, se mantiene en el anonimato.
Pérez Peña afirmó que el centro de inspección mencionado es un negocio familiar en cuya operación, administración y toma de decisiones no participa desde febrero de 2017. Señaló que las comunicaciones oficiales del DTOP dirigidas al centro fueron enviadas a las personas encargadas de su manejo y que ella no ha intervenido en esos procesos.
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Las expresiones se producen en momentos en que la gobernadora Jenniffer González ha exigido al DTOP que investigue el asunto mientras que el Departamento de Justicia confirmaba haber recibido un referido contra Pérez Peña de parte de varios legisladores del Partido Popular Democrático.
En sus expresiones del jueves, la funcionaria sostuvo que los hallazgos o deficiencias señaladas al centro de inspección no son imputaciones contra su persona, no constituyen señalamientos criminales y responden a fallas técnicas que, según expresó, también afectaron a otros centros de inspección. A su juicio, las alegaciones difundidas son incorrectas y selectivas.
Pérez Peña rechazó que exista algún tipo de influencia indebida o gestión impropia en favor del negocio familiar o para afectar a funcionario alguno. “Ni mi familia, ni yo hemos solicitado, ni recibido trato preferencial. Quien exprese lo contrario miente y tiene la obligación de probarlo en los foros correspondientes”, expresó.
Asimismo, sostuvo que, si alguna persona entiende que posee evidencia de conducta ilegal o antiética, debe presentarla ante las autoridades pertinentes.
La titular de Vivienda reiteró que el escrutinio público es parte del servicio gubernamental, pero advirtió que no permitirá que “señalamientos infundados” distraigan su gestión pública.