Del CPI.
Guillermo Santos carga en brazos la urna con las cenizas de su padre. La caja, envuelta en una bolsa de regalo, pesa más de lo que imaginaba. Parado afuera de la casa donde creció, en Kensington, baja la mirada.
“Es la vez que más tiempo lo he tenido en brazos”, confiesa el joven de 21 años.
El padre de Santos, también llamado Guillermo, murió por una sobredosis de fentanilo en 2021, apenas meses después de que su hijo terminara la escuela superior en modalidad virtual. Santos, padre, había llegado a Filadelfia desde Puerto Rico, luego de que su familia lo envió a Estados Unidos para que aprendiera inglés. Allí conoció a Cheri Honkala y, poco después, nació Santos hijo.
Criado en el corazón de Kensington, un vecindario obrero de Filadelfia con una comunidad puertorriqueña afincada desde hace décadas, Santos recuerda cuando era niño y el canto de los gallos de un vecino lo despertaba para ir a la escuela. En esos años, al caminar hacia la línea Market-Frankford —el tren elevado que en la ciudad conocen como “the El”—, era común para él ver usuarios de drogas tirados en las aceras.
“No me parecía raro que mi papá fuera adicto a la heroína, porque a mi alrededor había muchas personas que también lo eran”, expresa Santos.
Durante años, Kensington ha estado vinculado a la crisis de opioides en Filadelfia, pero Santos lo describe como una comunidad unida. Aunque escuchar disparos era común durante su infancia, los vecinos conocían a su mamá, una activista por el derecho a la vivienda, y protegían su hogar.
Santos es parte de ese tercio de residentes de Filadelfia que conoce personalmente a alguien que ha muerto por sobredosis, según los datos más recientes de The Pew Charitable Trusts. En todo Estados Unidos, poco más del 42% de la población se ha visto afectada de algún modo por una muerte por sobredosis.
En la ciudad, los datos de salud pública de 2023 ubican la tasa de mortalidad por sobredosis en 77.9 por cada 100,000 habitantes. En el estado de Pensilvania, en tanto, la población latina representó el 9.7% de las muertes por sobredosis en 2024, de acuerdo con el Departamento de Salud estatal.
Hoy, Santos vive en la ciudad de Nueva York. Cuando regresa de visita a Filadelfia, dice que Kensington se siente igual que antes, no importa que a poca distancia se comiencen a ver desarrollos e inversiones en construcción.
“Me deja sin palabras la manera en que Filadelfia se mantiene congelada y no enfrenta muchos de los problemas que torturan a sus residentes”, añade. “Es realmente devastador”.
Su madre coincide. “Después de que su papá murió por una sobredosis, crié a un hijo en una ciudad que no tenía un carajo que ofrecer”, dice Honkala.
Los datos de los certificados de defunción de la ciudad muestran que, por dos años consecutivos, las sobredosis no intencionales han sido la segunda causa de muerte entre los residentes puertorriqueños. Un análisis del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), basado en datos de salud pública de 2023, también revela que los hombres mueren por sobredosis a una tasa doble que la de las mujeres en todos los grupos raciales y étnicos.
En los últimos diez años, las muertes por sobredosis de drogas fueron más altas entre los hombres puertorriqueños de 45 a 54 años, según un estudio publicado en la revista International Journal of Drug Policy.
‘Puente aéreo’: boletos de ida y promesas de rehabilitación
Las raíces a estos problemas se remontan a la crisis económica de la ciudad en la década de 1970, que afectó de manera desproporcionada a residentes negros y latinos de vecindarios industrializados como Kensington. En la década de 1980, el norte de Filadelfia se convirtió en un centro de puntos de venta de drogas al aire libre.
“Lo que se conoce como economía de la droga fue un verdadero imán económico para jóvenes cuyas familias tenían pocas opciones para sobrevivir”, reseña un artículo de American Quarterly, revista publicada por Johns Hopkins University Press.
Cuando las fábricas comenzaron a cerrar a finales de la década de 1980, el desempleo se disparó y golpeó con más fuerza a las zonas racialmente segregadas y con mayores desventajas económicas. Lo que en un inicio pareció un escape de la pobreza terminó arrastrando a generaciones más jóvenes al consumo de drogas y al sinhogarismo.
En la década de 1990, una práctica conocida extraoficialmente como ‘puente aéreo’ —impulsada por pastores y empleados gubernamentales— otorgó boletos de ida a personas con problemas de adicción desde Puerto Rico hacia ciudades como Nueva York, Chicago y Filadelfia.
En Filadelfia, las zonas vinculadas a esta práctica incluyeron Kensington y Fairhill, que abarcan los códigos postales 19125, 19133 y 19134, entre los más pobres de la ciudad. Un reportaje de la BBC en 2017 estimó que miles de personas llegaron a Filadelfia desde Puerto Rico por medio del llamado puente aéreo.
Charito Morales, activista comunitaria en Filadelfia, conoce muy bien las falsas promesas del fenómeno del puente aéreo. Hace 30 años, su familia envió a su hermano, Alvin Luis Morales, a uno de estos programas en Estados Unidos bajo el supuesto de que recibiría una rehabilitación de calidad y cuidados médicos que en Puerto Rico no existían. Cuando perdieron el contacto con él, ella decidió investigar de manera encubierta y conoció de primera mano las condiciones en que vivían los participantes de este fenómeno.
Una investigación de The Philadelphia Inquirer, publicada en 2016, sacó a la luz prácticas estremecedoras: personas viviendo en condiciones insalubres, 20 hombres hacinados en cuartos diminutos dentro de una casa unifamiliar que no debía albergar más de diez personas, beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria retenidos y ausencia total de teléfonos.
Morales fue una fuente clave para la historia de The Philadelphia Inquirer, impulsada por la necesidad de entender qué le había ocurrido a su hermano.
“Lo trajeron aquí, ¿qué le ofrecieron? Rehabilitación y un montón de cosas”, explica Morales. “Mi familia, ajena e ignorante, creyó que este era el sitio ideal, pues era Estados Unidos, había muchos beneficios, había muchos recursos en comparación con Puerto Rico y él lo iba a tener todo a la mano”.
Alvin murió por una sobredosis el 18 de junio de 1998.
Un extrabajador de la organización comunitaria Asociación de Puertorriqueños en Marcha (APM), que pidió ser identificado sólo como “AJ” para proteger su identidad, dijo al CPI que algunos administradores de los centros de rehabilitación vinculados al movimiento de puente aéreo actuaban por codicia: interceptaban y se apropiaban del dinero de los beneficios gubernamentales destinados a los participantes.
“Había dinero [por hacer]”, comenta AJ.
AJ recuerda el caso particular de un ministerio cristiano que operaba como casa de recuperación. Dijo que, un día en que el pastor no estaba, encontró correspondencia guardada encima de un gabinete en la oficina administrativa de la iglesia. Las cartas, según su relato, estaban dirigidas a participantes del programa. AJ señaló que sospechaba que esa correspondencia pudo haber sido redirigida desde la casa de recuperación hacia otra dirección. A su entender, eso pudo haber facilitado que terceros accedieran a beneficios públicos.
Tracy Esteves Camacho, quien trabaja en el área de salud pública conocida como reducción de daños, un enfoque que busca disminuir los riesgos del consumo de sustancias y prevenir sobredosis e infecciones, atendió a puertorriqueños que llegaron a Filadelfia por el llamado puente aéreo y escuchó el mismo relato.
“Mucha gente me contaba la misma historia”, reconoce Esteves Camacho. “Nadie sabe con exactitud si eran las casas de rehabilitación aquí o si alguien en Puerto Rico estaba tratando de mover a estas personas de un lado a otro. Muchísimos terminaban aquí solos sin tener a nadie”.
Sin un lugar a donde ir, muchos participantes del programa terminaron sin hogar. Algunos vivían debajo de un puente y se cubrían con cajas de cartón para aguantar el frío del invierno. AJ dijo que esas condiciones agravaron los problemas de consumo de sustancias que los habían traído a Filadelfia con la esperanza de poder superarlos.
Sin embargo, los pocos que encontraron ayuda legítima lograron recuperarse y conseguir una vivienda estable. Hoy, añadió AJ, los servicios integrales —como vivienda y tratamiento regulado para la adicción— todavía parecen inalcanzables, o no figuran como prioridad, sobre todo para quienes hablan español.
“Es un desastre humano, el resultado de un error humano, un error del Departamento de Salud”, destaca Morales. “Un error de no catalogar el uso de narcóticos como una enfermedad mental, sino más bien lo criminalizan y lo siguen criminalizando”.
Una crisis desatendida
Las muertes por sobredosis han aumentado de manera sostenida a lo largo de los años en Filadelfia. Desde 2023, se considera una crisis de salud desatendida.
Santos sostiene que las barreras que enfrentó su padre en la década de 1990 siguen vigentes hoy.
“No estamos haciendo nada. Durante toda mi niñez él quería mejorar. Tomaba pasos concretos y lo que le demostraban era que no había dónde ir, salvo volver a debajo del ‘El’”, afirma, en referencia al área bajo el tren elevado donde algunas personas sin hogar se refugiaban.
Su madre, quien opera un programa de rehabilitación a tiempo parcial, coincidió. Para esta, el padre de Santos es uno de muchos afectados por la falta de coordinación entre los servicios de salud y de asistencia social.
Durante 18 años, el papá de Guillermo entró y salió de listas de centros de admisión y registro para personas sin hogar, sobrevivió a nueve sobredosis y vivió con infecciones en las extremidades infestadas de gusanos. También era VIH positivo.
“Tenía mucha gente a su alrededor que trató de conseguir la ayuda que necesitaba, pero no había nada”, dice Honkala. “Cada vez que se enfermaba y rompía en frío, llegaba al Hospital Episcopal o al Kensington y tenía que esperar 13 horas en la sala. Se defecaba encima, se vomitaba y aun así tenía que convencerse de: ‘Ah, sí, quiero quedarme aquí y limpiarme”.
En 2020, Esteves Camacho trabajó de cerca con comunidades puertorriqueñas que viven con VIH y usan drogas por vía intravenosa. Brindaba atención en una clínica médica integrada a un programa de intercambio de jeringuillas en Prevention Point Philadelphia.
Esta conocía a Guillermo Santos padre y recordó que le enseñaba fotos de su hijo. Contó que Santos padre le había expresado que tenía planes de convertirse en barbero en el futuro.
“Me dan ganas de llorar. Era una persona tan buena”, rememora Esteves Camacho.
Santos padre volvió a consumir drogas después de la muerte por sobredosis de quien era su pareja en ese momento. A partir de ahí, sus visitas al centro de tratamiento de adicciones Prevention Point se volvieron más irregulares.
“No era su forma de ser. Estaba sufriendo”, recuerda Esteves Camacho. “Fue bien desgarrador cuando murió, sabiendo que tenía un hijo y que ahora esa persona tendría que vivir sin su padre”.
La cuerda siempre parte por lo más fino
Las necesidades de una comunidad atrapada en la vorágine de la crisis de opioides chocan en la actualidad con los recortes de fondos locales y federales.
El pasado 13 de enero, la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump canceló de forma abrupta (aunque lo restableció 24 horas después) casi $2,000 millones destinados a la salud mental y al tratamiento de adicciones. En julio de 2025, se emitió una orden ejecutiva para reevaluar y detener fondos discrecionales de subvenciones de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental dirigidos a programas de reducción de daños o espacios de “consumo seguro”. Pese a informes de salud pública que resaltan sus beneficios, la administración afirmó sin pruebas que estos métodos “solo facilitan el uso ilegal de drogas y el daño que conlleva”.
En su lugar, se priorizarán fondos federales para tribunales de drogas y tribunales de salud mental. Eso ya está ocurriendo en Filadelfia, donde en junio de 2024, la alcaldesa Cherelle Parker eliminó el financiamiento para programas de intercambio de jeringuillas, dejando esta labor en manos de organizaciones sin fines de lucro y grupos filantrópicos. La administración Parker optó por un enfoque más punitivo y cambió la manera en que se distribuye el dinero de los “Opioid Settlement Agreements”, que se nutre de fondos obtenidos de las demandas contra compañías y distribuidoras de estos medicamentos que contribuyeron a la crisis de opioides.
En los últimos dos años, la concejal de origen puertorriqueño de Filadelfia, Quetcy Lozada, quien representa el Distrito 7, ha presentado resoluciones y nuevas medidas que restringen ciertos esfuerzos, como los espacios de inyección segura, y delimitan dónde las unidades móviles de atención pueden ofrecer servicios. El Distrito 7, con una gran concentración de puertorriqueños, incluye algunos de los vecindarios más golpeados por la epidemia de opioides, como Harrowgate, Kensington y Olde Richmond.
Lozada dijo al CPI que, en su opinión, los espacios de inyección segura sirven para mantener a personas usuarias de drogas “en ese círculo vicioso”.
Sin embargo, investigaciones muestran que los espacios de inyección segura ayudan a reducir la transmisión de VIH, infecciones y otras enfermedades asociadas a compartir agujas.
Expertos en salud pública explican que la reducción de daños es un conjunto de políticas y servicios orientados a mitigar el impacto del consumo en la salud y en la comunidad. Quienes trabajan en la mitigación de daños ofrecen apoyo práctico, como orientación, jeringuillas limpias y acceso a tratamiento, para prevenir sobredosis e infecciones.
Activistas en favor de los espacios de inyección segura advierten que restringir dónde pueden operar trabajadores de alcance comunitario y unidades móviles de atención retrasará cuidados críticos y expondrá a más personas a infecciones o crisis médicas. Lozada dijo al CPI que su oficina está trabajando con proveedores y organizaciones comunitarias para entender mejor qué puede hacer para apoyar a la gente de su distrito ante la crisis de adicción.
“Nadie se está haciendo de la vista larga”, dice Lozada. “La gente tiene que entender que esta no es una situación que se resuelve con un ‘Vamos a hablar’. Sigue siendo una crisis y seguimos siendo el epicentro. Eso no ha cambiado. El enfoque ha sido, y sigue siendo, la prevención y la educación, y asegurarnos de que todo el mundo esté en la misma página”.
En Kensington, ese debate se traduce en mayor demanda por atención y servicios. Roz Pichardo, fundadora de Sunshine House, un centro de ayuda para personas vulnerables, cuenta que hay días en que atiende a casi 80 personas antes de las 9:00 de la mañana. Ante la confusión que generan las restricciones a las unidades móviles, dice que muchas personas la buscan, por lo que duplicó la cantidad de enfermeras que brindan servicios en Sunshine House.
“Ya sentimos que estamos haciendo triaje. Hay demasiadas trabas burocráticas”, denuncia Pichardo, en referencia a que en Sunshine House deben priorizar quién recibe atención primero ante la avalancha de necesidades. “¿Cómo reducimos el estigma en una comunidad plagada por la adicción? Pues hay que seguir hablando, seguir mostrándole a la gente cómo se ven la empatía y la compasión. Tal vez se les pegue”.
Pichardo, de origen puertorriqueño, reitera que no existe una solución única para esta problemática: la atención tiene que adaptarse a cada caso.
En paralelo, algunos informes sugieren que programas gubernamentales como “Police Assisted Diversion and Case Management, Assessment, Re-entry and Empowerment Services” (PAD CARES) y los llamados “tribunales de bienestar” (Wellness Courts) no están funcionando como se pretendía.
Lozada, por su parte, propone programas médicos administrados por el gobierno, como centros de atención médica rápida y “centros de estabilización”, que atiendan los síntomas físicos y los obstáculos para la recuperación, incluidas las heridas abiertas.
“Durante mucho tiempo, se han priorizado las voces de quienes consumen sustancias por encima de quienes sólo tratan de vivir día a día en esa comunidad”, señala Lozada al CPI.
La concejal dice que los residentes de su distrito quieren una mejor calidad de vida: que los niños no estén expuestos a personas con heridas abiertas y profundas, y que los adultos mayores del vecindario se sientan seguros al caminar.
“El gobierno creó esto. El gobierno tiene que responder”, añade.
En una entrevista posterior para profundizar en posibles soluciones, Lozada dijo al CPI: “Constantemente nos estamos reuniendo y conversando sobre qué está funcionando y qué no”. ¿Qué hay que ajustar? ¿Dónde necesitamos más servicios? ¿Quiénes son los proveedores que realmente están haciendo el trabajo y ofreciendo los servicios, y quiénes no? Y con los que no lo hacen, ¿cómo reasignamos o reajustamos los recursos hacia esos programas que sí están teniendo un impacto positivo?”.
Aun así, los planes del gobierno de la ciudad siguen sin estar claros, según Lozada, porque las colaboraciones con organizaciones locales, expertos en medicina y adicciones, así como con organizaciones sin fines de lucro con presencia directa en la calle todavía no se han fraguado.
Cambios de política y límites del enfoque punitivo
Sin embargo, investigadores como Luis Valdez, profesor adjunto de salud comunitaria y prevención en la Universidad de Drexel y fundador de la iniciativa GANAS Health Initiative, tienen reparos con esas políticas utilizadas para lidiar con el impacto del consumo de drogas.
“¿Podemos dejar de ver esto [reducción de daños, tratamiento de adicciones] como una partida presupuestaria desperdiciada?”, pregunta Valdez. “La gente se está muriendo. Esa gente también son electores, personas con familias y, con suerte, con futuro. Son gente que creció en estos distritos, ¿verdad? El problema no lo creó el consumo de drogas. El consumo es un síntoma de todas estas otras cosas que están ocurriendo”.
Hay expertos que sostienen que las decisiones de funcionarios municipales de Filadelfia de restringir ciertos programas de ayuda han complicado los esfuerzos de alcance comunitario. Varios defensores de la reducción de daños afirman que los líderes de la ciudad ignoran las recomendaciones médicas sobre el tratamiento de las adicciones.
“Ni siquiera nuestro propio Departamento de Salud y Servicios Humanos está usando prácticas basadas en evidencia. Vamos por una trayectoria bien mala desde arriba”, advierte Nicole O’Donnell, especialista en recuperación del Center for Addiction Medicine and Policy (CAMP) del sistema de Penn Medicine en la Universidad de Pensilvania. Entre otros servicios, CAMP ofrece a los pacientes recetas de buprenorfina, un medicamento para tratar la dependencia de opioides.
“La gente ve el consumo de sustancias como una decisión, en vez de como una enfermedad. Las personas que están allá afuera usando [drogas] también son víctimas del problema de los opiáceos, y el vecindario también”, resalta O’Donnell, quien está en recuperación y perdió a una hermana por sobredosis. “Estamos tratando de entender cómo apoyarlos a ambos”.
O’Donnell testificó ante el concejo municipal en mayo y explicó que CAMP prioriza conectar a las personas con un médico y con opciones de tratamiento de rehabilitación de fácil acceso.
Mientras tanto, nuevas mezclas de drogas callejeras, como la xilacina, han complicado el tratamiento y la mitigación de daños. En agosto de 2024, una alerta de salud de la ciudad informaba sobre la aparición de una sustancia todavía más potente: la medetomidina. Mezclada con fentanilo, esta droga puede provocar síntomas potencialmente mortales, como rigidez muscular y respiración lenta, que requieren ingreso en una unidad de cuidados intensivos.
Esos cambios en la composición de las drogas que se venden en la calle ya se reflejan en los hospitales. En los últimos dos años, el personal de salud ha visto un aumento marcado en las visitas a salas de emergencia por lesiones asociadas al consumo de sustancias y por síntomas de abstinencia, según datos de la ciudad. Los pacientes también han presentado complicaciones por infecciones en heridas y cuadros severos de abstinencia.
“[Esos datos] son una señal y un síntoma de otras cosas que estamos monitoreando”, subraya Jeannmarie Perrone, doctora de sala de emergencias y directora de Toxicología Médica y Medicina de la Adicción en la Universidad de Pensilvania.
Perrone presentó esos datos ante el Kensington Caucus en mayo. Entre enero y septiembre de 2024, más de 200 pacientes con adicción fueron admitidos a unidades de cuidado intensivo en el Temple University Hospital, University of Pennsylvania Medicine y Jefferson Health.
“Eso es algo que prácticamente no se ve en casos de abstinencia por opioides”, afirma Perrone al Concejo Municipal.
Barreras de idioma, brechas de acceso
Una investigación previa del CPI halló que los puertorriqueños ya enfrentaban dificultades para acceder a servicios de salud en español. En los programas de atención por consumo de sustancias, el personal que presta servicios en español sigue siendo escaso.
Esteves Camacho, natural de Caguas, era una de esas proveedoras. Se crió en Filadelfia y notaba cómo la gente se iluminaba cuando esta les hablaba en su idioma.
“Es importante tener el contexto cultural de ser puertorriqueño”, comenta Esteves Camacho. “He estado en un cuarto de hospital cuando los médicos han intentado usar el servicio de interpretación telefónica, pero el paciente usa términos muy propios de Puerto Rico. Como quien traduce no es puertorriqueño, no entiende lo que está diciendo”.
Pero el idioma no es la única barrera. Después del huracán María en 2017, la emigración puertorriqueña a Filadelfia aumentó, impulsada en parte por personas que buscaban atención médica y servicios sociales. De acuerdo con expertos consultados por el CPI, entre quienes llegaron también había personas con problemas de consumo de sustancias, de escasos recursos y elegibles para Medicaid, un patrón reseñado en múltiples estudios.
En esos casos, el acceso al tratamiento suele depender de Medicaid, el programa público que financia una parte importante de los servicios de salud conductual y que hoy está bajo amenaza. Según la Kaiser Family Foundation (KFF), la asistencia médica pública cubre casi la mitad del costo de los tratamientos para personas con trastorno por consumo de sustancias.
El financiamiento de Medicaid pende de un hilo mientras la administración de Trump recorta presupuestos destinados a servicios de reducción de daños y eleva las barreras para inscribirse o renovar beneficios. Sin esa cobertura, la puerta de entrada al tratamiento se cierra todavía más.
Se espera que Pensilvania sea uno de los estados más golpeados, con una reducción estimada de $46,000 millones en la próxima década, según KFF. De consumarse los recortes, servicios como el apoyo de pares, la rehabilitación —tanto hospitalaria como ambulatoria— y los servicios de salud mental podrían quedar en riesgo para 18 millones de personas en Estados Unidos.
“La soga parte por lo más finito. ¿Quiénes son esos 18 millones de estadounidenses? ¿Son usuarios de drogas? Probablemente. Son gente que está en metadona. Gente que está usando drogas”, relata la socióloga Camila Gelpí Acosta.
“Un manual de lo que no se debe hacer”
Puerto Rico, junto con la República Dominicana, figura entre los países con la tasa más alta de consumo de drogas inyectables en el Caribe. Ambos países registran también una mayor demanda de compra y venta de drogas, dijo Josh Romig, agente especial a cargo de la oficina de campo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) en Filadelfia, quien lleva 26 años rastreando el narcotráfico.
“Puerto Rico está muy cerca de la República Dominicana, [que] ve a Puerto Rico como una opción muy viable y mucho más fácil para importar drogas, sobre todo en pequeñas cantidades”, afirmó.
El tráfico de drogas ha chocado con una crisis de salud pública de múltiples capas, dijo Gelpí Acosta.
“Estamos hablando de seis décadas en las que se ha usado a Puerto Rico como plataforma de lanzamiento [para traficar drogas] hacia el noreste [de Estados Unidos]”, sostiene Gelpí Acosta. “Eso ha generado una enorme población de personas que usan drogas en el archipiélago”.
La limitada disponibilidad de programas de tratamiento de adicciones en Puerto Rico ha empujado a algunas personas a mudarse a ciudades como Filadelfia, mientras organizaciones del narcotráfico prosperan, alimentadas por la demanda, documenta un estudio académico publicado en Centro Journal.
Al constatar cómo el consumo de drogas contribuye a otras condiciones de salud, como el VIH y la hepatitis C, Gelpí Acosta y su esposa fundaron El Punto en La Montaña, un programa de intercambio de jeringuillas en Puerto Rico. Para la socióloga, el debilitamiento de los sistemas de salud es uno de los catalizadores de la emigración.
“[Muchas personas con problemas de consumo de sustancias] se fueron de la Isla porque no había estos servicios, por muchas otras razones complejas”, reconoce. “Y aquí, en Estados Unidos, encuentran servicios, pero de todas formas terminan sin hogar y siguen usando drogas. Y entonces, las vulnerabilidades relacionadas con el VIH, las sobredosis y la hepatitis C quedan sin atender”.
Sin tratamiento, las personas que viven con VIH o hepatitis C se exponen a complicaciones crónicas de salud, al cáncer y a la muerte. Activistas y académicos sostienen que no atender estas condiciones deja fuera componentes esenciales de la reducción de daños.
“No es solo una crisis de opioides… Es una sindemia de desplazamiento por sobredosis. Es negligencia estructural”, afirma Valdez, quien usa el concepto de “sindemia” para explicar las crisis de salud que se entrelazan y se agravan entre sí, alimentadas por factores sociales como la pobreza y la falta de vivienda.
La GANAS Health Initiative apoya a hombres latinos en Filadelfia, atendiendo necesidades que se superponen, como vivienda, educación y pobreza.
Un operativo antidrogas ocurrido recientemente ilustra esas conexiones. A finales de octubre de 2025, funcionarios federales y estatales acusaron a 33 presuntos integrantes de una prominente red de narcotráfico en Kensington, encabezada por supuestos traficantes puertorriqueños radicados en Filadelfia.
El Departamento de Justicia alegó que el presunto líder del grupo permitía que algunos de sus miembros vendieran drogas “a cambio de renta”.
La economía de la droga en el norte de Filadelfia persiste en los sectores geográficos con mayores tasas de pobreza y menor financiamiento de servicios sociales.
“Tenemos un precedente histórico de lo que no se debe hacer en lo que pasó con el alcohol [en Estados Unidos] entre 1920 y 1932”, precisa la socióloga Gelpí-Acosta, en referencia al periodo conocido como La Era de la Prohibición. “Y, aun así, aquí estamos. Seguimos ilegalizando las drogas y creando drogas más peligrosas allá afuera, fuera de nuestro control. [La diferencia es que] no están traficando whisky: están traficando fentanilo”.
Valdez dijo que muchas de las condiciones de salud derivadas de los trastornos por uso de sustancias se relacionan con lo que él llama “estrategias de afrontamiento desadaptativas” ante el estrés. Por ejemplo, el trauma reprimido y el acceso limitado a proveedores de atención médica latinos pueden agravar situaciones que terminan en la automedicación.
Los latinos suelen enfrentar dificultades con proveedores que desconocen su historia migratoria, sus valores familiares o los tabúes culturales en torno a la salud mental y la adicción.
“No existe la competencia lingüística y cultural ni la capacidad de responder con sensibilidad”, señala Valdez, enumerando otras complicaciones, como las limitaciones del seguro médico y la mala calidad de la vivienda. “La gente en el poder, nos guste o no, preferiría una solución fácil para un problema que es bien complejo”.
Emily Seeburger, analista de salud mental y de uso de sustancias, estudiante y voluntaria de The Everywhere Project, coincidió con Valdez.
“La cultura es una parte enorme del contexto de nuestra salud”, plantea Seeburger. “Si no la tenemos en cuenta, no estaremos preparados para ofrecer una atención médica adecuada”.
“No hay otra forma”
En Portugal, especialistas en adicciones han identificado posibles soluciones, como despenalizar las drogas, con el objetivo de eliminar barreras para acceder a vivienda y empleo. El programa portugués cambió la manera en que las fuerzas del orden se relacionan con los usuarios: en vez de arrestar a quienes consumen o portan drogas, los agentes actúan como trabajadores sociales y los conectan con opciones de tratamiento. Además, el gobierno ofrece atención médica gratuita para ampliar el acceso al tratamiento con metadona.
“Si estamos ante una enfermedad crónica y recurrente, tenemos que sostener la inversión que esta situación exige”, explicó el pionero de la política de drogas en Portugal, João Goulão, durante un panel en 2023 en la Universidad de Georgetown. Goulão reconoció las dudas sobre la eficacia de la política y la disminución de la participación en el programa, pero lo atribuyó a la falta de financiamiento público sostenido en servicios sociales.
Insistió en que las sobredosis no intencionales y los esfuerzos de rehabilitación a largo plazo requieren un enfoque que priorice la salud.
Esto contrasta de forma marcada con las estrategias de la alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker.
“El factor de riesgo más grande para morir por sobredosis es un periodo de encarcelamiento”, destaca Seeburger. “No estamos contando toda la historia si solo miramos la sobredosis aguda”.
Pese a múltiples solicitudes, la alcaldesa no estuvo disponible para responder a preguntas sobre esta historia.
En 2024, la concejal Lozada dijo al CPI que el gobierno de la ciudad tiene que “responder agresivamente” al tema de la adicción.
“Hay personas a las que estamos dejando morir en las calles porque nos preocupa cómo se verá [si intervenimos]. Tenemos que traer a la gente a nuestro sistema. No hay otra forma”, aseguró Lozada en aquella entrevista.
Pichardo, quien ayuda a personas que viven en la calle y revierte múltiples sobredosis cada semana, describió esos métodos punitivos como “retraumatizantes”.
“[Quienes sean obligados a ir a rehabilitación] van a recaer porque no hay una estructura real. No hay voluntad. Es algo que le impusieron”, dice. “Veinte años de adicción no equivalen a 16 días de tratamiento”.
Luis Soto, creador de la organización sin fines de lucro Inspirando Latinos Inc, coincide. Aunque elogió los esfuerzos de Lozada, rechazó la idea de obligar a la gente a acudir a tratamiento.
“No se le puede imponer la recuperación a nadie. Esa no es la manera”, afirma Soto, quien tiene experiencia personal en la superación de adicciones.
Después de que su hijo bebé murió en 1995, Soto comenzó a consumir drogas. Entre 1996 y 2011, estuvo encarcelado de forma intermitente y terminó atrapado en las operaciones de narcotráfico que operan a lo largo de la avenida Kensington. Durante algunos años vivió sin hogar hasta que un líder comunitario, a quien llama su mentor, lo ayudó.
“En 2011 fue cuando abrí los ojos”, recuerda Soto.
Al año siguiente empezó a trabajar como especialista par, que son personas con formación especializada para ayudar a quienes se encuentran en su proceso de recuperación. Pero notó la falta de servicios y de albergues enfocados en la comunidad latina.
Ante este cuadro, Soto fundó Inspirando Latinos Inc. en 2024. “La ciudad no cuenta con el trasfondo para ofrecer servicios a esta población”, advierte.
“No hay tratamiento para el consumo de sustancias [ni] recursos dirigidos a mujeres que hablan español. No lo hay en ninguna parte de Filadelfia”, confirma Seeburger. “Hay un solo programa para hombres que hablan español”.
Ante ese vacío, Pichardo, Valdez y Soto intentan construir respuestas desde la comunidad. Soto, por ejemplo, pide que la ciudad invierta en más especialistas pares latinos capaces de llegar a la gente donde está.
Mientras la ciudad discute cómo responder, personas como Guillermo Santos siguen cargando con las consecuencias de lo que se vive en Kensington en lo íntimo y en lo cotidiano.
En agosto, el joven se mudará a un nuevo apartamento en Nueva York junto a un grupo de amigos. Lleva dos años fuera de su barrio, pero al igual que pasó con su papá, los ciclos de la adicción siguen arrastrando a una nueva ola de personas, entre ellas, algunos de sus amigos.
Decidido, no piensa rendirse. Santos dice que se sostiene en la solidaridad que ve en Kensington, donde familias, vecinos y activistas siguen exigiendo una respuesta a la altura de la crisis.
“Ese llamado a la unidad es lo que me mantiene tan vivo para este tipo de cosas”, afirma.
Mientras cae la tarde, calcula cómo llevará su colección de discos a su nuevo hogar. Al cerrar la puerta de la casa donde creció, las cenizas de su padre permanecen sobre el mantel de la chimenea.
Este reportaje es posible gracias a una beca del Instituto de Formación Periodística del CPI.
Esta traducción se generó con la ayuda de IA y fue revisada por nuestro equipo editorial para garantizar precisión y claridad.