A varios años del inicio del proceso de reconstrucción tras los desastres naturales y emergencias recientes, la inversión federal aún no se traduce en un impulso económico sostenido para Puerto Rico. Así salió a relucir en el Economic Forecast Symposium 2026 de la Junta de Supervisión Fiscal.
Datos presentados durante el evento revelan que $44,000 millones en fondos federales ya obligados permanecen pendientes de desembolso, lo que continúa limitando el efecto multiplicador de la reconstrucción en la economía local. El simposio se celebró en el Capitolio.
Según las presentaciones de Estudios Técnicos, Puerto Rico cuenta con $74,407 millones en fondos federales obligados provenientes de programas como FEMA, CDBG-DR/MIT y la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos. Sin embargo, hasta finales de enero de 2026, solo $25,000 millones de fondos de FEMA y $5,000 millones de CDBG-DR habían sido desembolsados, dejando una parte significativa de estos recursos fuera de la economía real.
Construcción: motor limitado por costos y ejecución
Aunque la construcción continúa figurando entre los principales motores de crecimiento económico, los economistas advirtieron que su capacidad para sostener la actividad está limitada por factores estructurales y operacionales. Entre estos se destacan los altos costos de materiales, la escasez de mano de obra, la presión salarial y la lenta ejecución de proyectos, lo que reduce el impacto de la inversión pública sobre el empleo y el consumo.
Las proyecciones indican que, de mantenerse el ritmo actual de ejecución, la actividad de construcción vinculada a la reconstrucción podría permanecer por debajo de su potencial anual, diluyendo el efecto esperado sobre otros sectores económicos.
Municipios del sur, más expuestos
El impacto del retraso en la reconstrucción no es uniforme en toda la isla. Mapas presentados por Moody’s Analytics muestran que los municipios del sur de Puerto Rico registran una de las mayores dependencias del gasto federal per cápita, lo que los hace particularmente vulnerables ante demoras en los desembolsos o eventuales ajustes presupuestarios a nivel federal.
Esta concentración del gasto federal implica que cualquier ralentización en la ejecución de fondos tiene un efecto desproporcionado sobre estas regiones, afectando la actividad económica local, el empleo y la provisión de servicios.
Los economistas coincidieron en que, si bien los fondos de reconstrucción han sido clave para sostener la economía tras múltiples crisis, la lentitud en su ejecución pone en evidencia la fragilidad del modelo de crecimiento actual, altamente dependiente de recursos externos y con limitadas fuentes de dinamismo interno.
Durante el simposio, la Junta de Supervisión Fiscal destacó la importancia de identificar riesgos que puedan afectar el presupuesto del próximo año fiscal, en un contexto donde la dependencia de fondos federales continúa siendo uno de los principales puntos de fricción para la estabilidad económica de la isla. Esta es una alerta que el ente fiscal creado bajo la Ley federal PROMESA ha dado en múltiples ocasiones.