En medio de la discusión del panorama contributivo de Puerto Rico, el presidente del Colegio de Contables Públicos Autorizados (CPAs), David Rodríguez Ortiz, argumentó que el gobierno necesita decidir cuál es su norte incluyendo el panorama contributivo de las corporaciones.
“Hay que ver cómo recalibramos el sistema para poder tener un nuevo norte, pero que sea suficiente para financiar el servicio (de la deuda) del gobierno. Tenemos que ver cuál es el enfoque del gobierno y qué es lo que ellos quieren incentivar o desincentivar”, dijo Rodríguez Ortiz a Metro Puerto Rico durante el Foro Corporativos del Colegio de CPAs.
Rodríguez Ortiz argumentó que enfocarse solamente en individuos, cómo lo hace el Proyecto de la Cámara 1014, no es una reforma, ya que no se está repensando la filosofía contributiva. La falta de una mirada amplia de las bases contributivas implica que el gobierno no puede decidir cuál es su enfoque, lo que a su vez le resta competitividad a la jurisdicción.
“Para que Puerto Rico sea competitivo, nosotros tenemos que tener un sistema que cubra nuestros gastos como país para que el gobierno pueda dar sus servicios, pero esos gastos cuando uno los va a financiar con lo que serían los impuestos que nosotros pagamos, hay que buscar un equilibrio y hay que determinar qué es lo que yo quiero imponer”, dijo Rodríguez Ortiz.
Ahora que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificó el presupuesto del gobierno para el año fiscal en curso, el CPA argumentó que al trabajar estos proyectos de ley es importante identificar desde un principio los fondos que sustentarán las medidas, pero igualmente, la JSF debe proveer unos parámetros claros.
“Ahora lo importante es definir qué es un presupuesto balanceando porque yo lo puedo poner en papel y está todo bien bonito y da cero, pero la pregunta es si eso es lo que la Junta quiere ver o si esa es la forma en que la Junta lo quiere ver”, Rodríguez
En su presentación a los CPA, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA, en la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier, esbozó argumentos similares. El legislador argumentó que no es realista pensar que la JSF se va a ir mediante protestas en las calles, a través de casos en los tribunales o enmiendas a la ley federal PROMESA.
“¿Cuáles son los mecanismos que provee PROMESA? Son dos y son sencillos, cuatro presupuestos certificados por la Junta. Ya tenemos uno; nos quedan tres. Lo otro es crear un nuevo Puerto Rico en términos de transparencia y todos los mecanismos internos que debemos tener para no caer de nuevo en los 80, los 90 y principios de los 2000,” argumentó Charbonier.
La sección 209 de PROMESA establece que para que la JSF pueda culminar su gestión, Puerto Rico debe lograr cuatro presupuestos que cumplan con los estándares de contabilidad de la Junta y que los gastos no excedan los recaudos. Además, Puerto Rico debe tener acceso a los mercados de bonos a tasas de interés razonables.
Ante esto, Charbonier argumentó que, si bien se debe ir pensando en “un Puerto Rico post- Promesa”, el lado positivo de la presencia de la Junta es que ha forzado disciplina fiscal y transparencia por parte del gobierno.