El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente determinó el viernes, 6 de febrero de 2026, que no existe base penal para designar un FEI contra el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez, por la emisión de una orden administrativa relacionada con la Reserva Natural de La Parguera, tras una investigación preliminar del Departamento de Justicia.
Luego del análisis realizado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, el Panel acogió la recomendación de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, al concluir que no se configuró conducta criminal atribuible al secretario en la firma de las órdenes administrativas 2025-01 y 2025-01A.
La investigación se originó a raíz de una querella presentada por el senador Luis Javier Hernández Ortiz, quien alegó que la orden administrativa tenía el efecto práctico de favorecer a propietarios de estructuras con querellas administrativas pendientes en la Reserva Natural de La Parguera.
En el informe se examinó el origen, redacción, tramitación y firma de las órdenes administrativas, así como las actuaciones de funcionarios y asesores del DRNA y la comparecencia del secretario ante una comisión del Senado. El análisis incluyó prueba documental y declaraciones juradas para reconstruir el proceso seguido y delimitar responsabilidades funcionales.
Como parte de la pesquisa, se evaluó el testimonio de la exsecretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, quien indicó que se negó a firmar un borrador de orden administrativa y lo refirió para evaluación legal, así como la declaración del licenciado Samuel Acosta Camacho, quien reconoció haber redactado el borrador original e incorporado por iniciativa propia el lenguaje sobre el archivo de casos administrativos.
El Departamento de Justicia concluyó que Quiles Pérez no fue el autor conceptual ni jurídico de la orden administrativa y que no existía prueba suficiente para sostener violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, perjurio ni delitos del Código Penal, al no acreditarse intención criminal ni beneficio indebido.
El Panel resolvió no designar un Fiscal Especial Independiente, aunque remitió copia de la resolución a la Oficina de Ética Gubernamental para la continuación de una investigación administrativa relacionada con los mismos hechos.