El Senado de Puerto Rico celebró una vista pública para atender la Resolución del Senado 238, medida de su autoría que ordena una investigación exhaustiva sobre la aplicación de la Ley 129-2020, conocida como la Ley de Condominios de Puerto Rico, así como la evaluación del rol del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) como ente administrador de dicha política pública.
Durante la vista pública, la Comisión recibió múltiples ponencias de organizaciones profesionales, asociaciones, agencias gubernamentales y ciudadanos, que reflejan la complejidad, diversidad de criterios y el alto interés público del régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico.
El DACO expuso el marco legal vigente que le confiere jurisdicción sobre los condominios, reconoció los retos operacionales y de recursos que enfrenta la agencia, y manifestó su disposición a colaborar con la Comisión en la evaluación de alternativas que fortalezcan la administración y adjudicación de controversias.
“El propósito de esta Resolución es recopilar información objetiva, datos y experiencias reales que permitan evaluar con seriedad si la Ley cumple su cometido y si los mecanismos actuales son adecuados para atender las realidades de los residentes de los condominios”, expresó el el presidente de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez.
Las ponencias coincidieron en la necesidad de evaluar la implementación práctica de la Ley, más allá de su redacción, y presentaron planteamientos desde distintas perspectivas. Las organizaciones de titulares y ciudadanos señalaron deficiencias en la fiscalización, alegaron inconsistencias adjudicativas, ausencia de consecuencias efectivas ante incumplimientos y cuestionaron la capacidad institucional del DACO para atender con agilidad y uniformidad las controversias. También se planteó la necesidad de revisar el enfoque regulatorio actual, considerando la diversidad de tipos y tamaños de condominios.
Mientras que las asociaciones de administradores y profesionales del sector destacaron la importancia de fortalecer los procesos administrativos, la capacitación de juntas directivas y el uso de métricas objetivas para evaluar querellas y su manejo. Asimismo, representantes del sector inmobiliario y de la construcción subrayaron la importancia de mantener un balance entre la sana convivencia, el derecho de propiedad y la viabilidad del desarrollo de vivienda bajo el régimen de condominios.
En conjunto, las ponencias destacaron temas recurrentes como la falta de un registro actualizado de condominios, la necesidad de datos confiables, la educación de titulares y juntas, la evaluación del foro adjudicativo más adecuado, y la conveniencia de detener enmiendas aisladas hasta completar un análisis integral.
El senador Sánchez Álvarez indicó que la Comisión continuará evaluando la información recibida, solicitará datos adicionales y examinará la evidencia de forma responsable y multisectorial, conforme al mandato de la Resolución del Senado 238. La próxima vista pública será el martes, 17 de febrero y se estará citando al Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, la Oficina de la Comisionada de Seguro y la Administración de Tribunales.
“Esta investigación es una oportunidad para escuchar todas las voces, contrastar posturas y tomar decisiones informadas, siempre con el objetivo de proteger la sana convivencia, el derecho de propiedad y el acceso justo a remedios efectivos para quienes residen en condominios”, concluyó el presidente de la Comisión.
Los deponentes en la vista pública de hoy fueron: Asociación de Titulares de Condominios, Asociación de Constructores de Puerto Rico, Residentes del Condominio Balcones Las Catalinas, DACO, Asociación de Condominios de Puerto Rico, Asociación de Condominios y Controles de Acceso, Asociación de Administradores de Condominios de Puerto Rico, Puerto Rico Association of Realtors y Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso.