El profesor de derecho electoral Héctor Luis Acevedo y el expresidente del Colegio de Abogados Julio Fontanet solicitaron a la Cámara de Representantes que detenga la reforma al Código Electoral, una medida legislativa que modifica reglas del voto por correo, reduce plazos del registro de electores y altera la estructura y funciones de la Comisión Estatal de Elecciones. Ambos sostuvieron que los cambios afectan la transparencia del proceso y la confianza pública en los resultados.
Acevedo explicó que la pieza, aprobada en el Senado y pendiente de evaluación en la Cámara durante el mes de febrero, se atendió sin consenso entre los partidos. Por esa razón, pidió que se detuviera su trámite y que se celebraran vistas públicas antes de cualquier votación.
Afirmó que la pieza legislativa “constituye un peligro real e inminente a la honestidad y la transparencia de las elecciones en Puerto Rico”. Explicó que el Senado aprobó la propuesta de forma unilateral y añadió 189,511 electores con derecho a votar por correo, mientras la Cámara evaluó sumar cerca de 200,000 más.
Según detalló, el proyecto eliminó dos requisitos del voto por correo. “El envío de las papeletas por correo certificado y el envío de las mismas a la dirección electoral del elector”, lo que permitió remitir papeletas a otras direcciones. A su juicio, esa modificación debilitó los controles existentes.
“Lo que se pretende hacer con el voto por correo de eliminar el que el mismo sea certificado y no se entregue a la dirección del registro electoral es una invitación a un fraude masivo y así se debe denunciar”, dijo.
Acevedo indicó que el voto por correo resulta el mecanismo con más señalamientos históricos por irregularidades debido a que se emite sin representación de partidos. Sostuvo que un aumento en ese tipo de sufragio prolongaría el conteo y retrasaría certificaciones. Recordó que en 2024 se contaron 138,484 papeletas adicionales durante el escrutinio general y la certificación final ocurrió el 31 de diciembre.
“Es altamente probable no se sepa quién ganó la noche de las elecciones”, expresó al explicar que la ley permite el envío de papeletas hasta el mismo día del evento, lo que obligaría a contarlas después. Añadió que el proyecto también suprime el requisito de emitir una certificación preliminar la noche electoral.
Acevedo sostuvo además que la medida redujo el periodo de inscripción de electores al cerrar el registro 50 días antes de la elección, en lugar de 30 días como establecía la ley anterior. A su juicio, ese cambio afectó principalmente a votantes jóvenes.
“También, mantiene la eliminación del proyecto de inscripción en las escuelas que antes era obligatorio para la CEE”, dijo, al referirse a los esfuerzos de registro dirigidos a estudiantes de escuela superior.
De igual forma, cuestionó cambios en la composición y funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones y señaló que la reforma limitó la participación de partidos de oposición en decisiones administrativas. Indicó que el proyecto también estableció requisitos adicionales para candidaturas por nominación directa, como la entrega de documentación contributiva posterior a la elección, bajo riesgo de perder la certificación.
Fontanet coincidió con esos planteamientos y habló a título personal como elector y abogado. “Estoy muy preocupado con el ejercicio del derecho al voto”, sostuvo. Añadió que la legislación electoral aprobada en 2020 ya presentó problemas operacionales y que la nueva reforma no atendió esas deficiencias. “No se atiende ninguno de los problemas de la ley electoral aprobada en el 2020”.
El abogado insistió en que el voto por correo debió conservar controles estrictos. “Ese voto por correo tiene que darse mediante correo certificado y a la dirección oficial de registro”, afirmó. También señaló que las papeletas debieron recibirse antes del día de la elección para permitir su contabilización inmediata.
“No podemos tener un resultado preliminar que sea demasiado distinto en términos de cantidad de papeletas al otro día o cuando termine el escrutinio”, expresó.
Ambos pidieron que cualquier cambio a las reglas electorales se discutiera mediante acuerdos entre partidos y con participación pública. “Las reglas aquí se establecen por consenso”, manifestó Acevedo al recordar reformas anteriores negociadas de forma conjunta.
Los juristas solicitaron a la Cámara que detuviera la consideración de la medida, celebrara vistas públicas y evaluara los efectos de los cambios antes de su aprobación final.