El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, aseguró que el gobierno ya cuenta con los recursos necesarios para cubrir el costo de la reforma contributiva, que aún se encuentra bajo evaluación legislativa y recientemente recibió el rechazo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Según explicó Pantoja, además del balance en caja del gobierno, existen reservas que ya caducaron o no están comprometidas al pago de deuda ni a obligaciones bajo el Plan de Ajuste, lo que permite utilizarlas para sufragar el alivio contributivo aprobado para este ciclo.
“Hay una serie de reservas más allá del balance que la gobernadora ha mencionado, que es el balance en caja total en las cuentas del gobierno de Puerto Rico, considerando también todas las reservas, todos los fondos restrictos y que tienen algún tipo de compromiso para el pago de deuda o algún otro propósito”, explicó Pantoja durante un summit organizado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en el Centro de Convenciones.
El secretario detalló como ejemplo que una de esas reservas fue establecida en 2022 como contingencia ante un posible declive en los recaudos, escenario que —según indicó— no se materializó, lo que permitió que dichos fondos quedaran disponibles tras su fecha de vigencia.
“Consistentemente, las proyecciones han excedido los recaudos y, por ende, al caducar esa reserva, incluyendo el remanente que hubo del incentivo que se distribuyó en el año 2024 y en adición a los balances que no están restrictos en las cuentas bancarias del gobierno de Puerto Rico para este ciclo contributivo y para propósitos de la resolución conjunta que se aprobó durante el día de ayer, debe ser suficiente para financiar ese costo para este ciclo contributivo”, sostuvo.
Asimismo, sostuvo que el uso de partidas que habían sido asignadas originalmente para otros propósitos no debe representar un inconveniente para la Junta Fiscal, ya que los periodos de vigencia y utilización de esos fondos ya expiraron.
“(...) (La reserva) tenía una restricción hasta la fecha de vigencia que era el 31 de diciembre de 2025 y era una contingencia en caso de que hubiese una disminución, cosa que pues en efecto no ha ocurrido”, afirmó Pantoja.
Cheque de alivio: ¿cuándo llegará?
En cuanto al calendario de desembolso del cheque de alivio contributivo, el secretario confirmó que la rapidez con la que los contribuyentes reciban el incentivo dependerá, en gran medida, de cuán pronto radiquen sus planillas una vez inicie el ciclo contributivo.
Sin embargo, añadió que, una vez transcurra el proceso de radicación, Hacienda realizará el cómputo correspondiente y procederá con el envío de los pagos, ya sea mediante depósito directo o cheque, según aplique en cada caso.
Pantoja explicó que el Departamento utilizará la información provista en la planilla para calcular el beneficio correspondiente, por lo que el proceso no puede adelantarse antes de la radicación.
La medida autoriza pagos para individuos con ingreso neto sujeto a contribución de hasta $150,000, como parte de un alivio dirigido principalmente a la clase trabajadora.
“Ciertamente, pero como base, el Departamento de Hacienda va a comenzar su ciclo contributivo el 9 de febrero y la base para hacer el cálculo de cuál sería el beneficio de este alivio que va a estar firmando, la base es la planilla para hacer ese cálculo”, indicó el funcionario.
Reforma contributiva permanente
Durante las pasadas semanas, la Comisión de Hacienda de la Cámara mantenía el encargo de identificar fuentes recurrentes y realistas que permitan cubrir los costos asociados a una reforma contributiva permanente, sin recurrir a nuevos impuestos ni afectar exenciones que la mayoría legislativa considera estratégicas para el desarrollo económico y la transición energética del país.
La discusión sobre el origen de los fondos se intensificó luego de que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, ordenara a la Comisión de Hacienda identificar $18 millones que, según el Departamento de Hacienda, se generarían si se suspendiera la exención contributiva a la instalación de sistemas fotovoltaicos residenciales. La Cámara ha reiterado que esa exención no será eliminada y que se identificarán fuentes alternas de financiamiento.