Una jueza federal permitió que continúen, por el momento, los operativos migratorios a gran escala del gobierno del expresidente Donald Trump en el estado de Minnesota, al rechazar una solicitud de funcionarios locales que buscaban frenar la denominada Operación Metro Surge.
La jueza de distrito Katherine Menéndez determinó de manera preliminar que, aunque los demandantes demostraron que los operativos han tenido consecuencias profundas para el estado y sus comunidades, imponer una orden judicial que impida la aplicación de la ley federal representaría un daño significativo para el gobierno federal.
En su dictamen, la magistrada reconoció que la operación ha impactado de forma severa a las Ciudades Gemelas y a residentes del estado, pero sostuvo que ese no es el único elemento que debe considerarse al evaluar la legalidad de los operativos migratorios. Añadió que precedentes recientes del Octavo Circuito respaldan el interés del gobierno federal en hacer cumplir la ley migratoria.
La solicitud para detener los operativos fue presentada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, junto a otros funcionarios locales, quienes alegaron que la operación federal se intensificó tras incidentes en los que agentes federales dispararon fatalmente contra dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Nicole Good, ambos de 37 años.
Las autoridades municipales argumentaron además que el propósito de la operación es presionar a los gobiernos locales para que modifiquen o deroguen políticas de “ciudad santuario” y cooperen con las agencias federales. No obstante, la jueza señaló que los argumentos basados en la Décima Enmienda no son, en esta etapa, lo suficientemente sólidos para justificar una orden de emergencia.
Por su parte, el gobierno federal defendió los operativos como una respuesta necesaria a denuncias de fraude generalizado en programas gubernamentales en Minnesota, postura que fue considerada por el tribunal al evaluar el balance de daños entre las partes.