La reforma contributiva propuesta en el Proyecto de la Cámara 1014 tendría un impacto macroeconómico significativo en la economía de Puerto Rico, con un multiplicador estimado de $2.57 por cada dólar de alivio fiscal, según expuso la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) durante su ponencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
Como parte de su análisis técnico, la JP evaluó un escenario que contempla una inyección aproximada de $550 millones a la demanda agregada mediante la reducción de la carga contributiva a los hogares, lo que se traduciría en un impacto total de $1,413 millones en producción local, al considerar efectos directos, indirectos e inducidos.
El presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, explicó que el análisis se realizó utilizando la Matriz de Insumo-Producto 2017 y un marco de simulaciones diseñado para medir cómo los cambios contributivos se reflejan en la actividad económica.
“(....) El impacto dinámico de una reforma contributiva debe traducirse con agilidad en mayor actividad productiva, recaudos más sólidos y un entorno más propicio para futuras iniciativas de política pública”, expresó.
Según la evaluación presentada, la reforma contributiva también proyecta la creación de 9,139 empleos y un aumento de $388.9 millones en ingreso salarial, lo que equivale a un efecto aproximado de 1.12% del Producto Interno Bruto.
Morales Martínez sostuvo que el alivio contributivo adquiere mayor relevancia en un contexto en el que el ingreso real de los hogares se ha visto presionado por la inflación.
“La evaluación de medidas de alivio contributivo adquiere relevancia en un contexto donde el ingreso real de los hogares ha estado presionado por la inflación, lo que convierte esta reforma en una herramienta para fortalecer la demanda agregada, apoyar el consumo interno y dinamizar sectores claves de la economía”, indicó.
Por su parte, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) expresó su respaldo al Proyecto de la Cámara 1014 al considerar que la reducción de la carga contributiva individual no debe verse únicamente como un alivio fiscal, sino como un instrumento de desarrollo económico.
En su memorial explicativo, el DDEC planteó que la actualización de las escalas contributivas permitiría aumentar el ingreso disponible de los trabajadores y las familias, estimular el consumo interno y fortalecer la competitividad fiscal de Puerto Rico frente a otras jurisdicciones.
“El P. de la C. 1014 atiende la necesidad impostergable de actualizar las escalas contributivas vigentes… con el propósito de modernizarlo, atemperarlo a las realidades económicas actuales y reducir la carga contributiva sobre individuos, redundando en mayores ingresos y liquidez para los contribuyentes”, señaló la agencia.
El DDEC también destacó que la reforma forma parte de un proceso escalonado iniciado en 2025, mediante la aprobación de diez leyes dirigidas a simplificar el sistema contributivo y ampliar exenciones, por lo que el proyecto representa el próximo paso en la revisión de la contribución sobre ingresos individuales.
Asimismo, la agencia sostuvo que la reducción contributiva contribuiría a la retención de capital humano, la creación y retención de empleos y el fortalecimiento del clima de negocios.
“Promesa incumplida”
De otro lado, el Partido Popular Democrático (PPD) sostuvo que la posición anunciada por la Junta de Supervisión Fiscal es ejemplo de la “improvisación y el desorden” de la administración de González.
“La determinación de la Junta de Supervison fiscal de no dar paso a la reforma contributiva, además de ser otra promesa incumplida, es otro ejemplo de la improvisación y el desorden del gobierno del PNP. El Partido Popular Democrático, así como su liderato legislativo, siempre estarán disponibles para aportar a la discusión contributiva de forma seria y con datos creíbles”, sostuvo el secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame en declaraciones escritas.