El manejo de los estorbos públicos en Puerto Rico continúa bajo escrutinio legislativo, mientras los municipios enfrentan un volumen significativo de propiedades abandonadas y procesos administrativos que pueden extenderse hasta por tres años.
El tema ha sido discutido en vistas públicas de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes como parte del análisis del Proyecto del Senado 0777, una medida aprobada por el Senado, en noviembre de 2025, que propone enmendar múltiples disposiciones del Código Municipal.
Como parte del proceso de evaluación, el proyecto fue atendido en una vista pública celebrada el pasado 20 de enero, en la que se recogieron planteamientos de alcaldes y otras entidades relacionadas con la declaración y el manejo de estorbos públicos.
Tras esa vista, el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara, el representante Luis Pérez Ortiz, indicó que el cuerpo legislativo continúa examinando la medida y posibles ajustes.
“La Comisión se encuentra trabajando la medida con el propósito de evaluar ajustes y posibles enmiendas que atiendan responsablemente los planteamientos recibidos durante el proceso legislativo”, estableció el legislador en declaraciones escritas.
Pérez Ortiz añadió que la Comisión espera coordinar una reunión con el presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico y alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, para aclarar aspectos relacionados con el alcance y la implementación del proyecto, así como evaluar el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) sobre su posible impacto fiscal.
Por su parte, Hernández confirmó, en entrevista con Metro Puerto Rico, que ya se acordó una reunión con la Comisión para la próxima semana, además de la celebración de otra vista pública como parte del proceso de evaluación continua del Proyecto del Senado 0777.
El alcalde sostuvo que el tema de los estorbos públicos tiene un impacto directo y cotidiano en los municipios, en particular en los cascos urbanos. En el caso de Camuy, indicó que actualmente hay 253 estorbos públicos identificados, de los cuales 237 están ubicados en el casco urbano.
Explicó que estos casos se encuentran en distintas etapas del proceso administrativo, que incluyen revocaciones de usufructo, vistas administrativas y subastas públicas.
“Tenemos 125 de esos activos. ¿Qué son activos? Que están en las diferentes etapas del proceso”, precisó.
En cuanto a las enmiendas que impulsa la Federación dentro del Proyecto del Senado 0777, Hernández señaló que una de las principales preocupaciones es el orden de prioridad vigente cuando una propiedad es expropiada. Según este, bajo el marco actual, la Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene la primera opción sobre estas propiedades, lo que en la práctica ha provocado que muchas permanezcan abandonadas por años.
“Le estamos quitando un estorbo público en manos de un ciudadano privado, que se puede convertir en algo productivo, pasándoselo a un estorbo público a la UPR para que pasen años y no pase nada”, expresó.
El alcalde también indicó que otra de las enmiendas bajo consideración busca reducir los términos del proceso judicial para declarar una propiedad como estorbo público.
“Estamos hablando de bajar el proceso a 24 meses”, dijo, al señalar que los plazos actuales continúan siendo demasiado extensos y limitan la capacidad de los municipios para atender el problema con mayor agilidad.
Al abundar sobre el tema, Hernández subrayó que el objetivo de las enmiendas no es despojar a los propietarios, sino promover la rehabilitación de las estructuras abandonadas.
Como parte del proceso legislativo, la Federación de Alcaldes sometió un memorial explicativo ante la Comisión de Asuntos Municipales. En el documento, se plantea que el Proyecto del Senado 0777 propone enmendar múltiples artículos de la Ley 107 de 2020 para “añadir enmiendas sustantivas y técnicas para una ejecución más efectiva de los deberes y funciones municipales” y fortalecer la autonomía administrativa de los gobiernos municipales.
El memorial también identifica como uno de los problemas del marco legal vigente la transferencia de propiedades a entidades que no cuentan con los recursos para rehabilitarlas, lo que puede provocar que permanezcan abandonadas por años y afecten la seguridad y el desarrollo de las comunidades.
¿Cuál es el proceso para catalogar un estorbo público?
Desde la perspectiva municipal, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, describió un escenario aún más amplio, al indicar que su municipio tiene identificados “sobre 1,500 estorbos públicos”.
Explicó que el manejo de estas propiedades conlleva un proceso administrativo y judicial extenso que inicia con la identificación de los inmuebles y la localización de los propietarios registrados.
“Una vez se identifican las propiedades, se le cursa una comunicación, al último dueño que está registrada la propiedad, a través de correos electrónicos, a través de carta, con los fines de tener un diálogo con la persona”, detalló.
De aparecer el propietario, se le concede un término para determinar si rehabilitará la estructura, residirá en ella, la alquilará o la venderá.
En los casos en que no se obtiene respuesta, Cruz Molina explicó que el municipio procede a colocar notificaciones físicas en la propiedad y, tras cumplirse un término de 60 días, publica edictos en periódicos de circulación general antes de acudir al tribunal.
“De no aparecer finalmente, se acude al tribunal para declarar la propiedad como estorbo público”, explicó.
Una vez culmina el proceso judicial y el inmueble pasa a manos del municipio, se evalúan distintos usos según su localización y condición.
“El municipio entonces determina cuáles son los usos que se le va a dar a esa propiedad. Puede ser para un parque recreativo, para desarrollo comercial, para vivienda asequible o sencillamente para un espacio que se va a dejar libre de acuerdo a donde esté ubicado”, sostuvo.
El alcalde también indicó que hay propiedades que son rehabilitadas antes de salir a la venta, mientras que otras se venden en su estado actual al valor de tasación.
No obstante, Cruz Molina reconoció que uno de los principales obstáculos sigue siendo la dificultad para localizar a los propietarios o herederos.
“Los obstáculos que tienen muchas de estas propiedades es que los dueños no aparecen, por diversas razones. Pueden ser personas que se fueron para Estados Unidos, personas que murieron y no tenían heredero, o sencillamente personas que, sí, tienen heredero, pero la comunicación entre los herederos no necesariamente es la mejor”, expresó.