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Sector de la construcción advierte que impuestos elevan hasta 30% el costo de la vivienda nueva

La Asociación de Constructores de Puerto Rico aseguró que arbitrios, permisos y cargos estatales y municipales inflan significativamente el precio final de una unidad residencial.

Archivo - AUMSA aprobará mañana la licitación de 180 viviendas de alquiler asequible AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR) alertó ante el Senado que una parte sustancial del costo de la vivienda nueva en la isla responde a impuestos, arbitrios y cargos gubernamentales, una realidad que, según el sector, limita la asequibilidad y desalienta el desarrollo de nuevos proyectos residenciales en un contexto de escasez de inventario.

Durante una vista pública de la Comisión de Hacienda del senado que evalúa el Proyecto del Senado 912 como parte de la segunda fase de la reforma contributiva, la organización planteó que el alto costo asociado a la construcción formal de vivienda tiene un impacto directo en los precios que enfrentan las familias, particularmente jóvenes profesionales y trabajadores que buscan adquirir su primer hogar.

En su ponencia escrita, la asociación sostuvo que los cargos impuestos por el gobierno central y los municipios representan una porción significativa del precio final de una unidad residencial, lo que agrava el problema de acceso a vivienda en la isla.

“Una proporción significativa del precio de la unidad de vivienda sea producto de los arbitrios de construcción, exacciones por impacto, contribuciones y otros cargos aplicados al desarrollo residencial”, expuso la organización en el documento sometido ante la Comisión.

Como evidencia de ese planteamiento, los constructores presentaron estimados que reflejan el peso de los impuestos dentro del costo total de una vivienda nueva.

25–30% del costo final de una vivienda nueva corresponde a impuestos gubernamentales”, indicó la ponencia.

El sector advirtió que estos costos se ven agravados por la imposición de arbitrios de construcción elevados y contribuciones adelantadas que, en algunos municipios, operan como un desincentivo directo a la inversión privada en proyectos de vivienda formal. A juicio de la Asociación, esta realidad ha contribuido a que Puerto Rico enfrente niveles históricamente bajos de inventario de vivienda nueva, lo que presiona aún más los precios del mercado residencial.

La organización también señaló que, aunque existe la percepción de un alto número de viviendas desocupadas, muchas de estas estructuras no cumplen con requisitos de habitabilidad ni con códigos de construcción, por lo que no representan alternativas viables o financiables para las familias.

Ante este panorama, los constructores exhortaron a la legislatura a considerar, en futuras fases de la reforma contributiva, una revisión integral de la estructura de cargos y contribuciones aplicables al desarrollo de proyectos de vivienda, con el objetivo de reducir costos, fomentar la inversión y atender la necesidad acumulada de vivienda en la isla.

Rechazan eliminar alivios contributivos a personas con altos ingresos

La asociación, además, mostró reservas ante disposiciones del Proyecto del Senado 912 que eliminarían beneficios contributivos actualmente aplicables a personas con ingresos más altos, al advertir que la medida podría tener efectos adversos en la retención de profesionales y en el desarrollo económico del país.

El organismo reconoció que la reducción en la carga contributiva a individuos puede tener un efecto positivo sobre la economía, al aumentar el ingreso disponible para consumo, ahorro o pago de deudas. No obstante, planteó que el proyecto elimina un beneficio que favorecía a personas con ingresos anuales más elevados, incluyendo profesionales asalariados, lo que podría resultar contraproducente.

“No favorecemos este cambio propuesto, en tanto priva a un sector de contribuyentes de la reducción en la carga contributiva”, se expuso en el memorial.

La organización añadió que este sector de contribuyentes incluye profesionales y personas con mayor capacidad de generación de ingresos que, según expuso, resultan clave para el desarrollo económico del país y cuya permanencia en Puerto Rico debería incentivarse.

“En particular aquellos profesionales asalariados o individuos de mayor capacidad de generación de ingresos que queremos incentivar a que se queden produciendo en Puerto Rico y aportando al desarrollo económico”, añadió la ponencia.

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