El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Aguadilla, presentó hoy cinco cargos criminales contra Neftalí Abreu Pérez por los delitos de agresión sexual, incesto, maltrato de menores y trata humana contra una menor de edad, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.
Según se informó, las fiscales Yashira Vale Muñiz y Belinda Brignoni Hernández, coordinadora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Aguadilla, radicaron los cargos ante el juez del Tribunal de Aguadilla, Davier Alfaro Alfaro, quien determinó causa para arresto en todos los delitos imputados.
Al acusado se le impuso una fianza global de $10,000, la cual fue prestada. La vista preliminar fue señalada para el 12 de febrero de 2026.
De acuerdo con la investigación realizada por la Policía de Puerto Rico, a cargo del agente Alexis Cardona Valentín, y el Ministerio Público, los hechos imputados ocurrieron en el año 2019, cuando la víctima tenía seis años de edad.
Designan fiscales especiales independientes para investigar a pasada presidenta de la CEE
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designó a las fiscales Leticia Pabón Ortiz e Ileana Agudo Calderón para iniciar una investigación a fondo sobre posibles actuaciones de la pasada presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla Rivera, relacionadas con el uso indebido de fondos públicos, trascendió el miércoles.
La designación se produjo luego de que el Panel acogiera la recomendación de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, tras la culminación de una investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, conforme a la Ley 2-1988.
La investigación preliminar tuvo su origen en una comunicación remitida el 29 de mayo de 2025 al Departamento de Justicia por el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, en la que solicitó investigar un posible uso indebido de fondos públicos por parte de la Comisión Estatal de Elecciones.
Según la información provista, el señalamiento está relacionado con el pago de una bonificación única y no recurrente a 65 empleados exentos de la Comisión Estatal de Elecciones durante el mes de abril de 2025.
Concluida la investigación preliminar y tras evaluar la prueba recopilada y el derecho aplicable, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor determinó que existe causa suficiente para creer que Padilla Rivera incurrió en conducta constitutiva del delito de malversación de fondos públicos, según tipificado en el Artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico.
Asimismo, se determinó que existe causa suficiente para creer que la entonces presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones incurrió en una violación al Artículo 4.2(b) de la Ley Número 1-2012, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
El Panel facultó además a las fiscales designadas para proceder conforme a derecho respecto de cualquier otro funcionario que, como resultado de la investigación, surja que pudo haber incurrido en violaciones de ley relacionadas con estos hechos. La presidenta del Panel, Ygri Rivera Sánchez, no participó de este asunto.
